El procurador bañezano Tomás Gallego defendió la posición del Grupo Socialista en el debate de una propuesta conjunta que el pleno de las Cortes aprobó por unanimidad
El Grupo Socialista ha reclamado este miércoles en el pleno de las Cortes que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ponga todos sus esfuerzos en resolver el conflicto planteado en el sector remolachero de la comunidad tras el anuncio de rebaja de precios de Azucarera. El Parlamento autonómico aprobó por unanimidad una proposición no de ley conjunta de todos los grupos en defensa del sector.
El procurador del PSOE por León, el bañezano Tomás Gallego, defendió la posición socialista y pidió a Herrera que “no permita que el ruido de intereses de las diferentes partes confunda al agricultor y tenga consecuencias nefastas para Castilla y León”. “Ser gobierno requiere el ejercicio de gobernar. Tiene el poder, ejérzalo, ponga todos sus esfuerzos y energías al servicio de la causa ya que para elaborar los presupuestos de 2019 no las va a necesitar”, añadió. Precisó que el sector remolachero azucarero “se enfrenta en estos momentos a la más grave situación de precios del mercado del azúcar jamás vivido”, por lo que pidió que se apliquen todas las medidas previstas en la UE para resolver estos casos.
Gallego recordó que, en septiembre 2017, en la inauguración de la nueva planta de Azucarera en Toro, Herrera dijo que la liberalización del mercado del azúcar debía entenderse como “una oportunidad para crecer”. También reseñó que la cooperativa Acor anunciaba por esas fechas que aprovecharía la liberalización del sector en la UE para aumentar su producción de remolacha de 120.000 a 180.000 toneladas en dos años. “Por su parte, Azucarera en Castilla y León, con centros en Benavente, Toro, La Bañeza, y Miranda de Ebro, anunciaba que, con el nuevo escenario, ampliaría su producción hasta las 650.000 toneladas”, agregó el procurador socialista.
Tomás Gallego también reseñó que, en el año 2015, Azucarera y los representantes de los agricultores firmaron un Acuerdo Marco Interprofesional por cinco años que daba estabilidad en los precios hasta 2020. “Pero la liberalización del mercado comunitario del azúcar ha provocado un aumento de la superficie de cultivo de remolacha, un repunte de la producción y una caída de los precios, ante lo que Azucarera ha anunciado un cambio en el modelo de colaboración con los agricultores para las próximas siembras, con el objetivo de garantizar el futuro del cultivo de remolacha y la sostenibilidad de la industria”, apuntó.
El parlamentario autonómico por León calificó de “unilateral” la acción de Azucarera y la comparó con la adoptada por la Junta de “no abonar la ayuda de tres euros por tonelada a los productores de remolacha, acogidos a los planes de competitividad, prevista para cuatro años, y que fue suprimida por la Consejería de Agricultura el segundo año”. También recordó que, pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a favor fe los agricultores, el Ejecutivo autonómico “ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo”.
Gallego alertó de que la decisión de Azucarera de rebajar los precios que paga por la remolacha “puede tener consecuencias directas en la reducción de la superficie de siembra, además de menoscabar la renta de los productores, y puede conllevar el cierre de alguna fábrica en Castilla y León”. El también edil bañezano confirmó que el Grupo Socialista “considera que el cultivo de la remolacha es fundamental en las zonas en las que se sitúan las fábricas, con un impacto muy positivo desde el punto de vista económico, social y agronómico” y que su desaparición “afectaría no sólo a los agricultores o trabajadores de las fábricas, sino a otros trabajadores indirectos, estando implicados los sectores del transporte, combustibles, comercio, hostelería, maquinaria agrícola… y además puede ser un punto de inflexión negativo para cultivos como la patata o el maíz”.
