Es la primera vez que los Servicios Sociales de Castilla y León obtienen la puntuación más alta de todas las comunidades autónomas de España en este Índice DEC, con 7,45 puntos, en un mapa autonómico en el que siete comunidades no llegan a los 5 puntos y otras cuatro superan el 5 tan solo por unas centésimas. Castilla y León ya superó la puntuación de Navarra en el DEC 2017 y en el Índice de 2018 supera también la de País Vasco. De los tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales que analiza el Índice DEC, Castilla y León obtiene la ‘Excelencia’ y la puntuación más alta de España tanto en el apartado de ‘Derechos’ como en el de ‘Cobertura’, y en este último muy por encima de la media nacional. Respecto al tercero, el de ‘Economía’, el Índice señala que la Comunidad “roza la ‘Excelencia” y está muy por encima de la media nacional. Otro de los aspectos que señala el índice DEC 2018 es que Castilla y León es una comunidad con un Sistema de Servicios Sociales de gran eficiencia y equilibrado.
Los profesionales de los Servicios Sociales en España, a través de la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, han hecho público hoy el Índice DEC 2018, que mide el desarrollo de los Servicios Sociales de las diferentes comunidades españolas. Las siglas DEC hacen referencia a tres grandes aspectos que se valoran: Derechos y decisión política, relevancia Económica y Cobertura.
El Índice DEC 2018 analiza diferentes variables y otorga, por un lado, una puntuación general en lo relativo al desarrollo de los Servicios Sociales y, por otro, una calificación general, que está en función de si se ha obtenido la excelencia en cada una de las tres variables de las siglas DEC: ‘Derechos’, ‘Economía’ y ‘Cobertura’.
Castilla y León lidera la puntuación del índice DEC 2018
En función de todo esto, el Índice DEC 2018 señala que Castilla y León obtiene, por primera vez, la mayor puntuación entre todas las comunidades autónomas españolas. La tabla de puntuaciones que otorga el Índice DEC 2018 es la siguiente: Castilla y León 7,45; País Vasco 7,20; Navarra 7,15; Asturias 6,35; La Rioja 5,95; Castilla La Mancha 5,85; Cataluña 5,30; Baleares 5,25; Cantabria 5,20; Aragón 5,15; Andalucía 4,80; Extremadura 4,75; Galicia 4,70; Canarias 3,75; Murcia 3,35; Comunidad Valenciana 3,30; Madrid 3,20.
Castilla y León ya superó en el Índice DEC de 2017 en puntuación a Navarra y ahora supera también en puntuación a País Vasco, lo que supone que Castilla y León, que es una comunidad de régimen común de financiación, ha conseguido en los últimos cuatro años poner la puntuación de sus Servicios Sociales incluso por delante de las dos comunidades autónomas forales de España para colocarse, según se señala en el DEC, como referencia en España en lo que se refiere al análisis en su conjunto de los Servicios Sociales.
Análisis de los tres parámetros del DEC: Derechos, Economía y Cobertura
1.- En materia de enunciado de derechos y ordenación del Sistema (D), Castilla y León obtiene el primer puesto de toda España. Castilla y León alcanza 1,45 puntos sobre un máximo de 1,50 (9,7 sobre 10); la media española es de 0,88 (4,32 sobre 10).
El Índice DEC 2018 señala que Castilla y León cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización alcanzando la Excelencia. La Comunidad obtiene la máxima puntuación posible en 5 de los 6 subapartados del capítulo de ‘Derechos’: Ley de Servicios Sociales de última generación, Catálogo de Servicios Sociales, integración de la dependencia en Servicios Sociales, Plan Estratégico y sistema de Servicios Sociales en Estatuto de Autonomía. Tan solo está a falta de los 0,05 puntos (casi simbólicos) que se otorgan a que la Consejería lleve el nombre de ‘servicios sociales’.
2.- Respecto al segundo de los parámetros, el de la relevancia económica (E), Castilla y León alcanza una puntuación de 2,2 sobre 3 (7,3 sobre 10); la media española es de 1,84 (6,12 sobre 10).
El Índice DEC señala que “Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados y roza la excelencia en este apartado del Índice; además, mejora en los tres indicadores en relación con el año anterior. El primer indicador, el gasto por habitante/año: ha pasado de 388,6 euros en 2016 a 433,2 euros presupuestados en 2018 (cuando la media estatal para 2018 es de 381,2 euros). El segundo indicador, en % que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional, evoluciona del 1,7 % en 2016 al 1,8 % en 2018 (media estatal 1,5 %). El tercer indicador, en % que supone la inversión en servicios sociales de las administraciones públicas sobre su presupuesto total: pasó del 10,8 % en 2016 al 11,2 % en 2018 (media estatal de 9,4 %)”.
3.- Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), Castilla y León obtiene también el primer puesto en España. Alcanza 3,8 puntos sobre un máximo de 5,5 (6,9 sobre 10); la media española es de 2,5 (5 sobre 10). Señala que Castilla y León alcanza también la excelencia en este capítulo y se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados. En concreto, Castilla y León es la primera comunidad autónoma de España en cuatro subapartados: estructuras básicas, dependencia, plazas residenciales para personas mayores y discapacidad. Destaca de manera especial “su cobertura en materia de dependencia, de manera que el 13,6 % de su población potencialmente dependiente recibe prestaciones o servicios del Sistema (10,1 % de media estatal); y, sobre todo, que con una tasa de desatención del 1,6 % (frente al 19,2 % de media estatal), se puede considerar que técnicamente en Castilla y León no existe Limbo de la Dependencia”.
Otros indicadores de cobertura en los que destaca Castilla y León según el Índice DEC son “las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 5,1 %, duplicando la media estatal que es del 2,5 %; plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa del 20,3 % respecto al número de mujeres con órdenes de protección en esa Comunidad, lo que supone también duplicar en este ámbito la media estatal, que es de 9,9 %, y también en Rentas Mínimas de Inserción, donde señala que Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal de cobertura, beneficiando al 10,7 % de las personas bajo el umbral de la pobreza en la Comunidad, frente al 8 % de media estatal”.
En síntesis, Castilla y León obtiene la calificación de ‘excelencia’ en el apartado de ‘Derechos’, también en el apartado de ‘Cobertura’ y el Índice señala que “roza la excelencia en el apartado de ‘Economía’, situándose por encima de la media estatal en todos los indicadores de este apartado. De esta forma, Castilla y León lidera el índice global y los capítulos de ‘Derechos’ y ‘Cobertura’, pero es superada en el capítulo de ‘Economía’ por comunidades autónomas que, como País Vasco y Navarra, disponen de un sistema de financiación distinto por ser comunidades forales. Por este motivo, País Vasco y Navarra obtienen en calificación general la excelencia en los tres capítulos y Castilla y León en dos (Derechos y Cobertura), “rozando la excelencia” en el tercero (Economía).
Castilla y León: un sistema de gran eficiencia y equilibrado
Uno de los aspectos que señala el índice DEC 2018 es que Castilla y León es una comunidad con un Sistema de Servicios Sociales de gran eficiencia y equilibrado. En este ámbito indica que “Castilla y León sigue mostrando un Sistema muy equilibrado en sus tres dimensiones. Así ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del Sistema, que sin duda alguna se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas adecuadas, como lo fue la acertada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local. La cultura de consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, tercer sector y entidades locales es un intangible que ofrece sus frutos en estos equilibrios. De la misma manera, el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y en el Catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios.
Objetivo: seguir mejorando
Los protagonistas implicados en el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León trabajan cada día con el objetivo de seguir mejorando la atención a las personas en la Comunidad, especialmente a las más vulnerables. En ese sentido, igual que se valoran las puntuaciones y las calificaciones que otorgan a la Comunidad índices como el DEC, también se agradecen las recomendaciones que este Índice realiza a la Comunidad para ayudarla en ese camino de mejora.
En este sentido, cabe señalar que este apartado de recomendaciones del Índice DEC 2018 reconoce que “el nivel de desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla y León sigue siendo muy elevado, por lo que la recomendación -un año más- es que mantenga tanto las tendencias crecientes en inversión y cobertura, como los mecanismos de definición y ordenación eficiente del Sistema”.
Con relación al Índice DEC 2018, señala que “Castilla y León resulta, curiosamente, penalizada por su eficiencia. Presenta la mayor puntuación en cobertura del Estado con una inversión elevada pero contenida. Obviando esta distorsión, es muy importante mantener e incrementar las cotas de eficiencia que aseguren la sostenibilidad del sistema”.
El DEC “anima a mantener la dinámica colaborativa de las administraciones públicas en Castilla y León, y del protagonismo de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones), ya que es, sin duda, clave de la eficiencia y de los equilibrios constatados en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en esta Comunidad. Especialmente los Servicios Sociales comunitarios de las entidades locales en Castilla y León tienen una importancia estratégica en la vertebración del Sistema Público de Servicios Sociales, por lo que deben ser objeto permanente de un apoyo decidido por parte del Gobierno autonómico, tanto a nivel económico como de coordinación y de apoyo técnico. Instrumentos como el Acuerdo Marco o los sistemas de información y gestión compartidos son clave del buen funcionamiento”.
El informe apunta también que “hay que considerar las peculiaridades territoriales y demográficas como un desafío de futuro muy especialmente para los servicios sociales, por lo que recomendamos a la Junta de Castilla y León y a las entidades locales implicadas (diputaciones y ayuntamientos), que consideren a los servicios domiciliarios como una prioridad de carácter estratégico no solo para los servicios sociales, sino también por su efecto sobre la articulación y sostenibilidad del territorio y por su impacto para el empleo. Este empleo, de todo tipo, permite a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios y en su entorno, fijando población de manera muy especial en zonas rurales despobladas”. Por eso, el Índice concluye expresando la “confianza en que Castilla y León sepa responder a este reto con la creatividad y el rigor con los que ha afrontado otros retos en Servicios Sociales; y que, de la misma manera, sea referente para el conjunto del Estado y, especialmente, para los territorios con mayor riesgo de despoblación”.
