El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ordenó la suspensión de la caza en la comunidad tras la denuncia presentada por PACMA, trasladará la recién aprobada Ley de Caza de CYL al Tribunal Constitucional.
Además, el Partido Animalista solicitó hace dos semanas al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por la modificación aprobada por las Cortes de Castilla y León para saltarse la suspensión judicial ordenada por el TSJ.
El Partido Animalista está un paso más cerca de conseguir la prohibición de la caza en Castilla y León.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha vuelto a dar la razón a PACMA. Considera que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulnera la Constitución. El TSJ considera procedente la tramitación desde dicho Tribunal de una cuestión de inconstitucionalidad, y dará traslado de la misma al máximo tribunal garante de la observancia de la Constitución.
El pasado mes de febrero el TSJ admitió las medidas cautelares solicitadas por PACMA y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección» estaba en peligro por la práctica de la caza.
Tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que PACMA lleva años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial. Con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores.
PACMA ya explicó en aquel momento que esta artimaña, por la puerta de atrás, era una burla al sistema judicial y que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos. Ahora, el TSJ da la razón al Partido Animalista y pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie por la posible inconstitucionalidad de la ley de caza de CYL. Además, la solicitud interpuesta por PACMA en la Oficina del Defensor del Pueblo continúa su curso.
Una vez más, la perseverancia del Partido Animalista pone a prueba a quienes sustentan políticamente a los cazadores y demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza.
