La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una demanda, en el Juzgado de lo Social de Valladolid, en materia de riesgos laborales (seguridad y salud laboral de los agentes medioambientales de la Junta, “porque parece que es la única manera de que el Gobierno regional aplique las medidas sobre riesgos y seguridad que la Inspección de Trabajo a requerido en un par de ocasiones, después de la denuncia presentada en mayo de 2018”.
Así lo indica el responsable del sector autonómico de Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Mariano Prieto, que lamenta que tengan que ser los jueces los que exijan a la administración unas medidas “que solo pretenden garantizar que los 800 agentes medioambientales de Castilla y León trabajen con unas condiciones seguras y unas dotaciones de material adecuadas”. Prieto recuerda que CSIF lleva, desde enero de 2017, intentando negociar con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente un protocolo sobre seguridad y riesgos laborales, y un acuerdo sobre dotación de medios, “sin que hasta ahora se haya logrado conseguir nada, a pesar de las exigencias y requerimientos de la propia Inspección de Trabajo”.
CSIF explica que denunció a Fomento y Medio Ambiente ante el Ministerio de Trabajo, por la falta de medidas de Prevencion y de Riesgos Laborales que están sufriendo los agentes medioambientales y forestales. así como los celadores de medio ambiente. La consecuencia fue que el propio Ministerio de Trabajo emitió un requerimiento que obligaba a la Junta a adoptar una serie de medidas de seguridad y salud laboral que “no se han cumplido”.
La dotación de unos elementos de seguridad proporcionales y adecuados -en estos momentos no disponen de ningún material de autodefensa-; la ampliación de las plantillas, puesto que el 25% de los RPTs (Relación de Puestos de Trabajo) están sin cubrir en la Comunidad; o la necesidad de potenciar la formación (técnicas y defensa personal), resume las demandas de los agentes medioambientales.
Marcelino Arribas, delegado de CSIF, insiste en que siendo el agente medioambiental un agente de la autoridad, policía judicial y medioambiental y, por tanto, que su trabajo es velar por que se cumplan las leyes medioambientales, se encuentra que no tiene ningún medio de autodefensa a la hora de enfrentarse o disuadir a posibles infractores, que pueden mostrar actitudes agresivas. En este sentido, recuerda que ya se han producido agresiones, en algunos casos graves y con riesgo serio contra la vida del agente, como intento de apuñalamiento o de un hachazo. A Arribas no le pasa desapercibido que trabajan en un entorno aislado (el monte), y tienen que tratar con personas que portan armas de fuego, como los cazadores y furtivos de la caza o de la recolección de hongos (portando armas blancas).
Por ello, CSIF reclama que la Junta dote a los agentes medioambientales de medios de autodefensa “adecuados y proporcionales, con criterios objetivos y profesionales”. En teoría, es obligatorio hacer los servicios por pareja -salvo excepciones-, pero la realidad es que habitualmente va un agente solo porque no hay personal suficiente, denuncia CSIF, que reclama que la Junta saque adelante la oferta de empleo público pendiente de 2017 y 2018 de estos empleados públicos.
