Los sindicatos valoran muy positivamente los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno que puso en marcha el Gobierno de España hace un año
Mercedes Martín señala que “este plan director supone, desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la principal herramienta para hacer frente a los problemas más graves de nuestro mercado de trabajo”.
En los once meses evaluados, 10.000 trabajadores se han beneficiado de las acciones de choque que contiene el plan: 8.100 han transformado sus contratos temporales en indefinidos y 2.000 han ampliado sus jornadas laborales
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, ha coincidido con los sindicatos CC OO y UGT en valorar muy positivamente los efectos en esta comunidad autónoma del Plan Director por un Trabajo Digno que el Gobierno de España puso en marcha en julio de 2018.
La delegada, junto con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, y el director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, Javier Calderón, se ha reunido esta mañana con el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CC OO, Saturnino Fernández, y con el vicesecretario general de UGT, Evelio Angulo.
En este encuentro se ha analizado, con los resultados alcanzados durante los primeros once meses de vigencia, el Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2019-2020) en Castilla y León. Este Plan Director fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018.
Además, Mercedes Martín ha informado sobre la puesta en marcha por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuevo de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y contra los abusos en los contratos a tiempo parcial.
El Plan Director está formado por 75 medidas (55 operativas y 20 organizativas), además de los dos planes de choque que ahora se reactivan. La delegada del Gobierno ha indicado que “la forma de entender la relaciones laborales es uno de los pilares de las políticas progresistas. Es parte del ADN de este Gobierno y por eso le da una importancia capital”.
Mercedes Martín ha añadido que “el Plan Director supone, desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la principal herramienta para hacer frente a los problemas más graves de nuestro mercado de trabajo”.
Este Plan entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente su Objetivo 8 relativo al Trabajo Decente y es una de las Políticas Palanca del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de junio de 2018.
PRINCIPALES RESULTADOS.
Por lo que respecta al Plan de Choque contra la temporalidad fraudulenta, ntre agosto de 2018, momento en el que se inició la ejecución de este Plan, y junio de 2019, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León ha logrado transformar en indefinidos casi el doble de contratos que entre las mismas fechas del año anterior. El incremento es del 92%.
Entre agosto de 2017 y junio de 2018, un total de 4.219 contratos temporales se transformaron en indefinidos, mientras que entre agosto de 2018 y junio de 2019 fueron 8.089 los contratos temporales que pasaron a ser indefinidos.
La delegada ha reconocido que los resultados del Programa Territorial Integrado de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, que se aplicaba con anterioridad a la puesta en marcha del Plan de choque no eran malos, “pero, con las medidas recogidas en el Plan, se ha duplicado el efecto y se han disparado las cifras de los contratos de duración determinada transformados en indefinidos, a requerimiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
En cuanto al Plan de choque contra los abusos de los contratos a tiempo parcial, Mercedes Martín ha señalado que “los resultados no son tan satisfactorios”. Entre agosto de 2017 y junio de 2018 hubo 2.269 ampliaciones de jornada mientras que, con el plan en vigor, ha habido 1.983.
Según se ha señalado en el transcurso de la reunión, comparativamente, en este plan la regularización en Castilla y León ha sido inferior porcentualmente a la del conjunto del Estado. Se pudo apreciar ya en la primera fase del plan. Muchas de las empresas a las que se remitió carta no regularizaron su situación en materia de parcialidad abusiva.
Según los sindicatos, podría deberse a que presentaba muchas dificultades para la Inspección vigilar el cumplimiento de la normativa sobre tiempo de trabajo (contratos a tiempo parcial, excesos de jornadas no retribuidos ni cotizados a la Seguridad Social, posibilidad de realización de horas extraordinarias) por la inexistencia hasta el pasado 12 de mayo de una obligación legal para las empresas de registrar diariamente la jornada de sus trabajadores.
El director territorial de la Inspección de Trabajo ha señalado también como posible causa que, dentro del Programa Territorial Integrado de Objetivos, consensuado con los sindicatos, se venían realizando con anterioridad campañas para controlar la parcialidad de los contratos.
Mercedes Martín ha manifestado que con la obligación del registro de la jornada laboral “se consiguió cerrar una puerta al fraude masivo en la contratación parcial. Por esta puerta se escapaba mucho dinero en cotizaciones sociales”.
NÚMERO DE INSPECTORES
Los sindicatos han señalado que si estos planes han dado tan buenos resultados es en parte porque “hay un fraude sistémico en nuestro mercado laboral” y han pedido más inspectores de Trabajo para intentar combatirlo. En este sentido, la delegada ha señalado que el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social supera los 2.000 efectivos, entre inspectores/as y subinspectores/as. Es la cifra más alta de la historia. “También es la más alta jamás alcanzada los 139 con los que contamos en Castilla y León”.
En la reunión se ha hablado sobre todo de la reactivación de ambos planes de choque, contra la temporalidad y contra la parcialidad, entre agosto y diciembre de este año.
Se va a seguir la misma metodología que el año anterior: una primera fase en la que se remitirán comunicaciones a las empresas en cuyos contratos temporales o a tiempo parcial se aprecien indicios de fraude. Después, se concede el plazo de un mes para su regularización.
En una segunda fase, una vez comprobados los casos en que no se hubiese realizado la regularización, se llevará a cabo la actuación de la Inspección de Trabajo.
OTROS DATOS
Entre los empleos irregulares que han aflorado están incluidos los falsos autónomos. Entre agosto de 2017 y junio de 2018 se regularizaron 133 falsos autónomos mientras que entre agosto de 2018 y junio de 2019 fueron 620.
Es decir que han sido encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena seis veces más trabajadores mal encuadrados en el RETA que en el mismo periodo que analizamos que en el año anterior.
La delegada ha recordado que los objetivos principales del Plan Director por un Trabajo Digno son recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, proteger la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras y garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo.
Por último, también ha informado del desarrollo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de varias campañas nuevas durante el primer semestre 2019: Contra los impagos salariales, en la que se está vigilando la correcta aplicación del nuevo SMI para 2019. En este sentido, Mercedes Martín ha recordado que “este Gobierno subió más de un 22%, hasta los 900 euros, este Salario Mínimo Interprofesional”.
Otra campaña específica con el objetivo de analizar el correcto encuadramiento en la Seguridad Social de los trabajadores que prestan servicios en las plataformas digitales, así como afrontar la economía irregular presente tanto en estas como en el comercio electrónico.
Además, una campaña específica para revisar de forma integral las condiciones de trabajo en el sector de alojamientos turísticos, en particular camareras y camareros de piso.
Y se ha aprobado el Criterio Técnico sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada, que profundiza en la nueva obligación del registro de la jornada diaria de trabajo que entró en vigor el 12 de mayo.
