Castilla y León continúa siendo líder a nivel nacional por la energía consumida procedente de biomasa forestal y por la reducción de emisiones de CO2, y mantiene la segunda posición, sólo por detrás de Andalucía, tanto en volumen de negocio, como en número de empleos, equipos en funcionamiento y potencia generada. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, continúa apostando por esta fuente de energía renovable y elaborará una normativa que garantice el uso de la biomasa forestal en aquellos edificios públicos de su titularidad que sea viable. Asimismo, el Gobierno de Castilla y León quiere dar un paso más y propondrá al Gobierno de España la aplicación de un IVA reducido, tanto para el uso de biomasa, como para las instalaciones transformadoras y para la energía distribuida por las redes de calor instaladas.
Castilla y León dispone de una gran capacidad productora de biomasa, el 51% del territorio, casi cinco millones de hectáreas, es forestal, y alberga los mayores recursos de biomasa forestal de España, 225 millones de toneladas, con un crecimiento anual de 6,5 millones de toneladas, concentrando el mayor volumen de producción de pellet de España, con 160.000 toneladas al año, el 92 % certificadas con el sello de garantía ENplus.
En Castilla y León operan 11 fábricas de pellet, siete de ellas certificadas también con este sello de garantía, y es líder a nivel nacional por la energía consumida, 282.000 toneladas equivalentes de petróleo, y por la reducción de emisiones, con casi 900.000 toneladas, lo que equivale a retirar de la circulación cerca de 600.000 vehículos.
El negocio generado en el sector en 2018 ascendió a 325 millones de euros y el volumen de empleo estimado alcanza las 2.150 personas, 45.000 equipos en funcionamiento y una potencia generada de 1.530 megavatios, lo que nos sitúa en segunda posición a nivel nacional, solo por detrás de Andalucía.
Implantación de la biomasa en edificios públicos
El apoyo de la Junta de Castilla y León a esta fuente de energía renovable se ha traducido en los últimos años en las importantes actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de Somacyl, desde 2013, que han propiciado la implantación de sistemas térmicos con biomasa en más de cien edificios públicos, con una inversión de 33,7 millones de euros. Estas instalaciones consumen 27.500 toneladas de astilla forestal y 1,1 toneladas de pellets, con una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 26,5 toneladas al año.
Cabe destacar la relevancia del proyecto de la red de calor de la Universidad de Valladolid y su última conexión con el hospital Clínico. Esta instalación de calefacción centralizada es la red de calor pública con biomasa más importante de España, con una red de canalizaciones de distribución de agua caliente de más de 12 kilómetros de longitud, que se ha extendido con un nuevo ramal de tuberías desde el Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) hasta la sala de calderas del hospital. La red entró en funcionamiento en el año 2015 y actualmente da servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a 27 edificios, a los que habrá que sumar en breve otros tres más, el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, la Biblioteca Reina Sofía y la Casa del Estudiante. Desde su arranque, la red de calor ha suministrado 19 millones de kilovatios útiles al año a los edificios universitarios y deportivos de la Junta conectados.
La Junta apoya también proyectos que utilizan biomasa como materia prima para la producción eléctrica, entre ellos una planta del grupo Gestamp, en Soria, con una potencia de 17 megavatios y 140.000 toneladas de consumo, y la construcción de la central del grupo Forestalia, en Cubilllos del Sil, en León, con 50 megavatios de potencia y un consumo cercano a 300.000 toneladas de biomasa; sin olvidar el sector agro-ganadero e industrial, entre los que destaca la red de calor del Polígono Industrial de Villalonquéjar en Burgos.
La Junta solicitará al Gobierno la aplicación del IVA reducido, como en otros países europeos
En esta misma línea y manteniendo la idea que de que el uso de la biomasa como combustible supone una serie de beneficios económicos, sociales y medioambientales que aconsejan fomentar su uso frente al de los combustibles fósiles, la Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno de España la aplicación de un IVA reducido a la biomasa forestal, a las instalaciones necesarias para su transformación y a la energía distribuida por redes de calor alimentadas mayoritariamente con este combustible, en sintonía con lo que ya ocurre en otros países europeos.
El panorama internacional europeo refleja que mientras España aplica un IVA del 21%, otros países aplican tasas reducidas de IVA: Reino Unido, 5% para redes de calor de uso doméstico y biocombustibles; Alemania, 7%; Francia, 10%; y Bélgica, 6% para biocombustibles; y Francia, 5,5% para redes de calor con biomasa, medida que ha logrado triplicar la energía generada y distribuida por estas redes.
Aunque la reducción de la tasa de IVA producirá inicialmente una minoración en los ingresos de la Hacienda Pública, entendemos que en un plazo razonable, el importante incremento que se produciría en las actividades relacionadas con la obtención y el uso de la biomasa compensarían esa pérdida, además de mejorar la balanza comercial del país, favorecer el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones e impulsar el desarrollo rural en amplias zonas del país.
Avanzar en el modelo ‘Low Carbon Cities’, mediante redes de calor por biomasa en las ciudades de Castilla y León, es uno de los objetivos de la presente legislatura en el marco de la lucha contra el cambio climático, para lo que la Junta de Castilla y León elaborará una normativa para garantizar que todos los edificios y organismos autónomos propiedad de la administración autonómica dispongan de un sistema de calefacción alimentado por biomasa, siempre que sea viable técnica y económicamente.
La apuesta por el desarrollo de las redes de calor urbanas más allá de su uso en edificios públicos también es una importante línea de trabajo de la Administración Autonómica. Potenciar la capacidad de las administraciones públicas para diseñar, planificar e implementar políticas sostenibles sobre el uso de la energía, integrándolas en el marco de la planificación urbanística ha sido el objetivo del Proyecto europeo Intesss-PA, enmarcado en el Programa HORIZON 2020, en el que intervino Castilla y León de manera muy activa, junto con otras seis regiones europeas, potenciando la biomasa como fuente de energía, con el fin de aplicar una planificación energética sostenible, integrada y compartida.
