La Junta ha avanzado, en el transcurso del debate del Consejo Consultivo de Agricultura, cuestiones fundamentales que deberán reflejarse en el Plan estratégico nacional de la nueva PAC para el periodo 2021-2027: lo más importante es defender la financiación actual, tan necesaria para los agricultores y ganaderos y al mismo tiempo para los pueblos (casi 1.000 millones de euros al año llegan a Castilla y León). Que la PAC vaya encaminada al agricultor genuino, al que realice una labor agraria real, donde las ayudas PAC sean un complemento a los ingresos de su actividad agraria real. Un pago básico principal regionalizado en el que se alcance, como mínimo, el 80 % del importe total de los pagos directos y que los nuevos eco-esquemas se puedan aplicar de forma homogénea en España. Se pide también un claro apoyo a las ayudas asociadas para evitar la desaparición del tejido productivo de las zonas rurales y más financiación del Feader para las regiones con problemas de despoblamiento.
El concepto de agricultor ‘genuino’ tiene que vincularse a una actividad agraria real en la que las ayudas sean un complemento de los ingresos obtenidos de la misma y en el que se incluya siempre la agricultura familiar. Esa es una de las principales premisas que la Junta de Castilla y León defenderá para el nuevo periodo de la PAC 2021-2027. Y así lo ha dejado claro hoy el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, en el Consejo Consultivo mantenido en Madrid.
La propuesta del Reglamento Europeo invita a NO conceder ayudas a la renta a aquellos profesionales cuya actividad agraria constituye solo una parte insignificante de la totalidad de sus actividades económicas. Por eso, tal y como ha explicado Carnero, “el agricultor genuino tiene que estar identificado con aquel que realice una actividad agraria real, en la que asuma riesgos de carácter empresarial, vinculado a las explotaciones familiares, bien con carácter individual o asociativo, donde lo que perciba de las ayudas PAC sea únicamente un complemento a su trabajo”.
Ayuda básica a la renta actualizada en función de la región productiva
Actualmente el pago básico (56 %) más el pago verde o greening (30 %) representan el 86 % de las ayudas directas.
La propuesta de la Junta de Castilla y León es que la nueva ayuda básica a la renta sea regionalizada y simplificada, respondiendo de forma más ajustada a la realidad productiva actual. Esta ayuda básica que será la principal debe suponer como mínimo un 80% del importe global de las ayudas directas, dejando una reserva de un 6 % para el nuevo concepto de eco-esquemas de cara a contribuir al reto del cambio climático.
Según ha declarado Jesús Julio Carnero “la posición de la Junta es la de no fomentar la ineficiencia, el pago redistributivo tiene que dirigirse exclusivamente a los agricultores genuinos que vivan principalmente de la actividad agraria, es decir, con porcentajes elevados de ingresos de la totalidad de sus actividades económicas”.
Mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de sectores vulnerables
Un cambio fundamental respecto a las actuales ayudas asociadas es que el objetivo de las mismas favorezca a los sectores o tipos específicos de explotación ante las dificultades mediante la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la calidad.
La posición de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es apostar por estos pagos adicionales destinados a sectores muy importantes en la Comunidad como son todos los ganaderos, los cultivos protéicos y la remolacha.
Se pedirá el máximo de financiación para ellos (15 %) considerando como sectores vulnerables, aquellos en los que una reducción de su actividad provocaría consecuencias negativas directas al tejido productivo social y medioambiental del territorio rural donde se desarrollan.
Eco-esquemas, prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente
Los eco-esquemas consisten en prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, diseñadas para alcanzar uno o más de los tres objetivos específicos de la propuesta de reglamento, relativos al cambio climático y la energía sostenible.
La posición de la Junta al respecto es que constituyan un reto importante dado que van a ser medidas agroambientales de duración o compromiso anual. Por ello deben diseñarse de forma que sean universales, en cuanto que puedan ponerse en práctica en todos los sectores productivos actuales más importantes, y a la vez tengan el mayor alcance territorial posible.
Atraer a más jóvenes
El consejero ha compartido las principales barreras que se detectan para la incorporación de jóvenes, como son: el acceso a la tierra, la necesidad de inversiones iniciales elevadas o la imagen negativa de la actividad. A este respecto ha manifestado la necesidad de implementar un Plan de Reestructuración, que permita la transferencia de la explotación de agricultores de edad elevada hacia los jóvenes y mujeres con ayudas transitorias para los que ceden la explotación y también apoyo a los jóvenes para las inversiones así como medidas positivas de tipo fiscal en ambos casos.
PAC como política que directamente incide en el tejido socioeconómico del mundo rural
Finalmente, el consejero ha destacado la importancia de la PAC como política que incide directamente en el tejido socioeconómico del medio rural y ello justifica en sí mismo mantener su dotación financiera en los términos actuales.
Asimismo, ha demandado una dotación adicional de los fondos de desarrollo rural para las zonas con más problemas de despoblamiento.
