El sindicato profesional APAMCYL, en calidad de representante laboral/profesional y sindicato mayoritario del colectivo de los Agentes Medioambientales en Castilla y León, tiene como una de sus principales prioridades garantizar la seguridad relativa a los servicios de policía, vigilancia y custodia que realizan los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias.
Al respecto de las declaraciones realizadas por D. Juan Carlos Suárez-Quiñones, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con oportunidad del pleno de las Cortes celebrado el día 7 de octubre de 2019, al respecto de la seguridad de los Agentes Medioambientales y las últimas agresiones producidas, deseamos realizar una serie de consideraciones:
– Sobre los protocolos que según el Sr. Suárez-Quiñones evalúan los riesgos de la actividad “cotidiana” de los Agentes Medioambientales, tenemos que aclarar que, gran parte de las tareas que desarrollan en el ejercicio de su actividad profesional los funcionarios del colectivo de Agentes Medioambientales se incardinan hacia las labores de policía, vigilancia y custodia, y que entran plenamente en la excepción de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que requieren de un protocolo/evaluación específico para este colectivo. QUE NO EXISTE, A LA FECHA, NINGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE POLICÍA, VIGILANCIA Y CUSTODIA POR PARTE DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES.
Que, no obstante, existe un protocolo genérico de riesgos laborales aprobado, que abarca tareas de inspección sin entrar en las funciones antes citadas, y que se basa en la completa inhibición y dejación de funciones para evitar todo conflicto. Desde su misma redacción, dicho protocolo ha demostrado su total insuficiencia, inoperancia e inutilidad contrastada, que no ha conseguido aportar absolutamente nada en pro de su seguridad, siendo además incompatible con la prestación de sus funciones de manera eficaz y profesional, y mezclando incluso a un colectivo de funcionarios con otro de laborales con distintas capacidades, funciones y obligaciones, en un documento INASUMIBLE EN SU TOTALIDAD.
Dicho protocolo, según dice el Sr. Suárez-Quiñones, es un documento en “continua revisión”, siendo realmente sus últimas modificaciones la eliminación de toda mejora a un sistema digital de comunicaciones, y la supresión de todas las referencias a la autodefensa. Es evidente que incluso partiendo de un documento impresentable, toda modificación ha sido para empeorarlo.
– Sobre la adquisición de elementos de seguridad, se ha comenzado una licitación de chalecos, guantes y sprays de defensa. Dicha decisión se ha tomado sin contar con UN ESTUDIO ADECUADO DE LAS SITUACIONES DE RIESGO REAL A QUE ESTOS FUNCIONARIOS SE ENFRENTAN, NI UN PROTOCOLO ESPECÍFICO ELABORADO POR EXPERTOS EN INTERVENCIONES POLICIALES Y SEGURIDAD. Para dicha adquisición tampoco se ha contado con los profesionales afectados, por lo que la citada adquisición se antoja del todo punto INSUFICIENTE Y NO AJUSTADA A LA REALIDAD DE LOS MISMOS; baste de ejemplo que para los chalecos no se ha tenido en cuenta que los mayores riesgos se producen con armas de fuego y los que se van a adquirir son completamente inútiles. El Sr. Suarez-Quiñones anuncia que van a dilapidar 290.000 euros de dinero público sin tener ni un solo estudio profesional que avale que dicha compra es la adecuada para estos funcionarios.
– Sobre la valoración del número de agresiones por parte del Sr. Suárez-Quiñones, éste se escuda en datos que no recogen la realidad, puesto que no se tienen en cuenta todas las agresiones, tanto verbales como físicas, que se cometen a diario. Sobre las más graves, sólo tiene que tirar de hemeroteca para ver que la estadística es mucho mayor. Desde APAMCYL tenemos contabilizadas al menos el triple de agresiones graves en el mismo periodo.
No obstante, parece que el Sr. Consejero se conformase con unos “datos” falsamente menguados, como si detrás de cada una de ellas no hubiese un drama personal, además del terrible efecto que tiene sobre el colectivo y el mensaje de impunidad que se está transmitiendo a la ciudadanía. Se demuestra por su parte UNA TOTAL FALTA DE EMPATÍA, APOYO Y RESPALDO DE LA CONSEJERÍA.
Para APAMCYL, una sola agresión ya es totalmente INTOLERABLE E INASUMIBLE, debiendo luchar para que no haya ni una sola en toda la Comunidad.
– Sobre la aplicaciones de móviles y smartphones, el Sr. Suárez-Quiñones lleva vendiendo el tema desde hace varios años, como si fuese el paradigma de la seguridad, siendo su “app estrella” la que quiere implantar sobre “violencia incontrolada”. Parece que el Sr. Consejero aún no se ha enterado, como ya se le viene diciendo desde los comités de seguridad y salud de forma reiterada, QUE NI EL 112 NI LA GUARDIA CIVIL RECIBEN NI VAN A RECIBIR DIRECTAMENTE LAS ALERTAS GENERADAS POR ESTAS APLICACIONES, que sólo reciben alertas vía telefónica o a través de sus aplicaciones propias.
Se vende humo a sabiendas de su inutilidad. Dichas alertas se reciben en otros dispositivos encendidos (tampoco hay un teléfono por agente), pero no hay un protocolo de quién y cómo debe recibir la alerta y cómo gestionarla. Al final, se trata de GeoCyL, una app para localización de medios en incendios forestales que se nos quiere “vender” como una herramienta de seguridad cuando no aporta ninguna mejora respecto a llamar directamente con el móvil al 112. Pero lo que el Sr. Suárez-Quiñones tampoco parece conocer es el medio donde LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES REALIZAN SU TRABAJO, EN MEDIO DE LOS MONTES Y EN TERRENOS RURALES DONDE EL APOYO MÁS CERCANO O LA ASISTENCIA POR PARTE DE OTROS COMPAÑEROS O DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD PUEDE TARDAR INCLUSO HORAS. Avisar del problema es fundamental, pero si no se tiene ni formación, ni apoyo, ni medios para repeler una agresión, cuando pueda llegar la ayuda quizás solo se pueda confirmar una tragedia.
– Sobre los casos recientes de agresiones, se llega a tal extremo de cinismo sobre la inacción de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que ni el Jefe de Servicio Territorial ni ningún cargo por encima suyo hasta llegar al Sr. Suarez-Quiñones se ha dignado a descolgar el teléfono para interesarse por estos funcionarios. Es tal el desamparo y la inacción que roza lo ignominioso por parte de responsables de velar por la seguridad de sus funcionarios.
Desde la Asociación Sindical de Agentes Medioambientales de Castilla y León, seguimos denunciando la gravísima y delirante situación a la que se está llevando al colectivo de Agentes Medioambientales por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por no abordar en modo alguno, de forma seria y profesional, los riesgos reales e inherentes a los servicios de vigilancia, inspección, policía y custodia que realizan, sin dotarlos tanto de procedimientos de trabajo elaborados por profesionales cualificados, ni de la formación adecuada en materia de seguridad e intervenciones, ni de los medios materiales de seguridad tanto pasiva como activa acordes a los riesgos. Los responsables políticos de la Consejería mienten y esconden su falta de apoyo e inacción, usan datos falseados, venden medidas ineficaces, generan “aplicaciones móviles” irrisorias, hacen compras arbitrarias… y nuestra inseguridad aumenta.
