Ecologistas en Acción exige al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que actúe ya para atacar un problema que en Castilla y León causa cada año un centenar de muertes
Tras media década de excusas administrativas y judiciales, por sentencia de 22 de junio de 2020 el Tribunal Supremo ha rechazado la última maniobra de la Junta de Castilla y León para demorar el cumplimiento de su obligación legal, declarada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, de elaborar y aprobar “a la mayor brevedad” los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire para la media docena de zonas donde desde 2010 se han superado los objetivos legales establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico.
En una sentencia pionera en España, el Alto Tribunal concluye que “la obligación de elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica que corresponde a las Comunidades Autónomas no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los Planes respectivos, que le competen en la materia”. La falta de un Plan Nacional específico para el ozono ha sido durante cinco años la coartada de la Junta para incumplir sus obligaciones legales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública.
La inactividad del Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, frente al incumplimiento recurrente desde el año 2010 de los objetivos de calidad del aire establecidos para el ozono por la normativa española, llevó a Ecologistas en Acción a conseguir una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligaba a elaborar planes de calidad del aire en las zonas Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, y Sur y Este de Castilla y León, a las que por incumplimientos en años posteriores se añadieron Valladolid y Soria y Demanda, sumando una población total de 1,7 millones de afectados.
La sentencia de 19 de octubre de 2018, ya firme, declaraba que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de España y del sur de Europa, poniendo de relieve que no se trata de un problema local y regional sino nacional e internacional, “no desvirtúa el carácter imperativo con el que los preceptos citados regulan el deber de actuar de las Administraciones Autonómicas en la elaboración y aprobación de los Planes de mejora de la calidad del aire”.
Los magistrados destacaban hace dos años “que la solicitud de la que dimana el presente recurso se presentó en el año 2016, y que ya en el año 2012, se aprecian zonas en las que se superan los valores objetivos, como se desprende de los informes emitidos por la propia Comunidad Autónoma, sin que transcurridos ya más de seis años […] se haya adoptado Plan alguno”. Se trataba y trata de una grave negligencia que está poniendo en riesgo la salud de buena parte de la población de Castilla y León.
El TSJCyL finalizaba declarando que “no puede mantenerse, como pretende la Administración demandada, que con carácter previo al desarrollo de los planes regionales sea necesario contar con un plan nacional, pues, como se ha expuesto antes, se trata de instrumentos independientes, aunque, eso sí, con la necesaria interrelación y coherencia entre ambos”.
Este argumento autonómico ha sido ahora refutado con rotundidad por el Tribunal Supremo, al señalar que “el régimen de elaboración de los planes en cuestión no se establece de manera subordinada y jerárquica, en razón del ámbito de la Administración estatal, autonómica y local sino que cada una de las Administraciones viene obligada por la norma a su elaboración, en la medida que en al ámbito de sus competencias concurren las circunstancias, mediciones y valoraciones que imponen y hacen necesaria su adopción, de manera que la relación entre los distintos planes no se articula a través de un régimen jerárquico sino de los principios de cooperación y colaboración entre las Administraciones”.
En una reunión concertada el próximo miércoles 8 de julio, Ecologistas en Acción exigirá al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la elaboración urgente y sin más dilaciones de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire para las ocho zonas afectadas por incumplimiento legales, de forma que este mismo año se pueda contar ya con estos documentos, con el contenido legalmente establecido y medidas creíbles de reducción de las emisiones del tráfico, la industria y la ganadería intensiva, para ello suficientemente detalladas, programadas y presupuestadas.
En este contexto, la recientemente aprobada Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire de Castilla y León, un documento de intenciones genérico sin rango normativo, ha sido una pérdida de tiempo intolerable para abordar un problema que según los últimos estudios del Instituto de Salud Carlos III causa cada año en nuestra Comunidad un centenar de fallecimientos prematuros por causas respiratorias y circulatorias. Cada año de retraso en la actuación engrosa la cifra de víctimas de la contaminación, de las que el Consejero y todo su Gobierno son corresponsables por su negligencia.
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 1.500 y 1.800 las muertes prematuras anuales en España producidas como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en Castilla y León. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y espacios naturales y reduciendo la productividad de los cultivos.
