El encuentro con representantes de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones tenía que abordar el nuevo ‘cheque servicio’ Concejales y diputados provinciales del área de Servicios Sociales abandonaron hoy una reunión convocada por la consejera de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que tenía por objetivo abordar la puesta en marcha del llamado ‘cheque servicio’ anunciado por el Gobierno de la Comunidad.
Al encuentro estaban citados ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales para abordar la nueva medida que, según informó la consejera a la prensa, contaba con una partida presupuestaria de tres millones de euros. Sin embargo, el documento entregado a los representantes de ayuntamientos y diputaciones no incluye ninguna cifra.
De hecho, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, criticó que el Gobierno de Mañueco señale a las entidades locales “como responsables últimas de la ejecución de las políticas sociales”. Por eso, reclamó a la consejera de Familia “mayor cooperación institucional” y “abandonar esta dinámica de decisiones tomadas unilateralmente que ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de los servicios sociales municipales”. Rodríguez sostiene que al comenzar la reunión se dieron cuenta de que acudían a una reunión “con hechos consumados”. “No se ha contado con nuestra opinión ni nuestra participación” y eso que seremos los ayuntamientos los responsables de esa gestión.
Por su parte, Carolina López, diputada de Servicios Sociales de la Diputación de León, aseguró que “en el fondo extraordinario hay que permitir a cada entidad la flexibilización para adaptarlo a sus necesidades reales, además de ampliar los plazos de ejecución y justificación del mismo”. Respecto a esta reclamación, la consejera habría negado esta posibilidad al reconocer que son partidas presupuestarias del Gobierno de España, no del Ejecutivo autonómico.
En materia presupuestaria, por otra parte, los representantes municipales mostraron su malestar dado que en el documento entregado no figura ninguna partida presupuestaria, mientras que la consejera habló de tres millones de euros a través de la prensa. Por todo ello, la coordinadora de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, y la portavoz del área, Isabel Gonzalo, mantuvieron al finalizar la reunión un encuentro con algunos representantes de los ayuntamientos y diputaciones que transmitieron el “bochorno” ante la actitud de la consejera por acudir, leer la normativa y marcharse sin apenas escucharles. Por eso, Rubio rechazó la actitud del Gobierno autonómico por considerar que anuncia medidas “a bombo y platillo” que, en realidad, son “propaganda”.
“No resuelve el problema” de las familias cuando sus hijos tengan que ser confinados por algún contagio en el colegio, añadió. Rubio afirma que el Gobierno de Mañueco está actuando de la misma forma a través de las consejerías. “Lo dan todo cerrado y convocan a los ayuntamientos a hechos consumados sin contar con la participación una vez más de los ayuntamientos y diputaciones que son los que tienen que gestionar las ayudas”, remarcó.
Según explicó Rubio, las condiciones de la Junta en torno a esta medida son “demasiado burocráticas” y van a generar problemas de justificación de las partidas a los ayuntamientos y diputaciones. Además, suponen excesivos trámites para las familias en una situación que requerirá respuestas y soluciones inmediatas. Por citar un ejemplo, indicó que los padres tendrán que solicitarlo a través de los CEAS que ya de por sí están saturados. Y eso, continuó, donde existan, lo que provocará, una vez más, desigualdad para los ciudadanos del entorno rural. “El cheque servicio no resuelve el problema de las familias y carga todas las responsabilidades otra vez sobre los ayuntamientos”, insistió, para añadir que, además, encomiendan la realización de un plan de contingencia y actuación a los ayuntamientos, cuando las pautas en el ámbito sanitario y social tendrían que venir marcadas por la Junta de Castilla y León. En definitiva, subrayó Nuria Rubio, estas medidas suponen “demasiada burocracia ante una necesidad inmediata, que no resuelve problemas y que no es operativo, ni eficaz”. Por eso, el PSOE solicita a la Junta mayor flexibilidad en las partidas que recibirán las entidades locales para tal fin y, en caso de que fuera necesario, puedan recurrir a esos fondos para solventar otras necesidades.
