- El acuerdo facilita que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan garantizar un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos los ciudadanos.
El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por el delegado de la Junta, Juan Martínez Majo, y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, se ha reunido de nuevo esta tarde con el fin de analizar el Protocolo General para la Coordinación de Actuaciones en Aplicación de las Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la Covid-19 firmado el pasado lunes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.
Este acuerdo garantiza y formaliza la necesaria coordinación y apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las medidas contra la pandemia, como así ha recordado el delegado de la Junta, Juan Martínez Majo.
Para ello, la administración autonómica se compromete a comunicar, informar y asesorar a la subdelegación del Gobierno en León sobre los criterios sanitarios regionales establecidos contra la COVID-19. Por su parte, la subdelegación del Gobierno apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales para garantizar la correcta aplicación de las medidas de prevención y control frente a la COVID-19, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones.
El protocolo firmado facilita un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, establece canales de comunicación ágiles para garantizar el traspaso de información de interés relacionadas con la pandemia, así como colaborar y participar en reuniones de coordinación periódicas, como se ha venido haciendo en León desde que se declaró el Estado de Alarma el pasado mes de marzo.
Como ha trasladado el delegado de la Junta a los miembros del CECOPI, el objetivo de este documento es permitir la instrumentalización, en el día a día, de cómo colaborarán la Policía Nacional y la Guardia Civil garantizando que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas COVID positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial.
