La Encuesta de Población Activa, correspondiente al tercer trimestre del año, que publica hoy el INE, constata los nefastos datos en cuanto al índice de paro y la tasa de actividad en la provincia de León. Con una tasa de desempleo del 15,15%, por encima de la media de la comunidad, situada en el 12,4%, y con la peor tasa de actividad de Castilla y León, un 50,75%, León sigue reflejando en su mercado laboral el duro impacto de la pandemia del coronavirus.
Los meses de julio, agosto y septiembre, periodo de recuperación de la actividad, no arrojan buenos datos en cuanto al empleo, contabilizándose 1.400 parados más durante este periodo (4,83%). Trasladado a cifras absolutas, la provincia tiene 170.500 ocupados, un 6,56% más, y 30.400 parados, casi un 16% más que hace un año. Son 4.100 desempleados más que en el mismo trimestre de 2019.
Estos datos no se distribuyen de manera uniforme si observamos el sexo de los demandantes de empleo. La tasa de paro entre las mujeres leonesas es 7 puntos más elevada que la de los hombres, 18,76% frente al 11,78%, lo que demuestra una vez más que la falta de oportunidades laborales se ceba aún más entre el colectivo femenino a pesar de las políticas de igualdad y los esfuerzos realizados en esta materia.
La situación es grave en León, la economía y el mercado laboral se están hundiendo y observamos los mismos problemas que venimos denunciando y la misma falta de soluciones ágiles, realistas y eficaces para una provincia que se desangra porque depende mayoritariamente del sector servicios, el más afectado por la pandemia. Reiteramos el problema de la desigualdad que existe entre las nueve provincias de Castilla y León. No es de recibo que León casi duplique la tasa de paro de Segovia o que arroje la tercera peor tasa de actividad de España (sólo nos supera Orense y Asturias).
En un momento crucial en el que se están negociando los PGE y en el que tenemos la oportunidad de presentar proyectos para captar fondos europeos, desde el CEL reclamamos a los gobiernos responsabilidad, grandes consensos en la estrategia a seguir como país y como comunidad autónoma y acuerdos globales sobre las medidas a tomar para superar la crisis sanitaria, económica y social que nos invade. Están en juego la salud de los ciudadanos y la capacidad de las empresas de aguantar, sobreponerse y comenzar a planificar el futuro de su actividad y la generación de inversión y empleo.
