El BOCYL publica hoy la modificación de la Ley de Servicios Sociales que permitirá la regulación del Servicio de Teleasistencia, su planificación, dirección y el establecimiento de criterios comunes, además de la financiación necesaria. Se garantiza así la gratuidad de este servicio y la igualdad en el acceso y contenido de la teleasistencia en todo el territorio de Castilla y León. De esta prestación, gestionada hasta el momento por las corporaciones locales, se beneficiaron el pasado año en la Comunidad casi 26.000 personas.
Una modificación normativa que abre la puerta a una nueva forma de entender la prestación de este servicio de telasistencia, que va a mejorar sustancialmente la atención a las personas más vulnerables. La Junta de Castilla y León está trabajando ya en la implantación de la teleasistencia avanzada que va a permitir ofrecer una atención verdaderamente personalizada, adaptada a las necesidades de las personas dependientes y a su situación, para lo que se pondrá en marcha una innovadora plataforma capaz de integrar la atención social y sanitaria. De esta manera, se pretende garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada.
Castilla y León ha sido la primera comunidad en regular la prestación de teleasistencia avanzada, un servicio que ha evolucionado y que hoy ofrece muchas más oportunidades de atención a personas vulnerables que residen en su domicilio, definiendo servicios integrales que aseguran la continuidad asistencial, a través de la puesta en marcha de procesos transversales focalizados en la gestión de casos, implantando modelos de atención integrales, preventivos, proactivos, personalizados y predictivos, haciendo para ello uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para complementar la atención presencial con la no presencial.
Asimismo, la Junta de Castilla y León apuesta por la eliminación de la aportación económica del usuario y por ofrecer el servicio de forma gratuita para todas las personas que lo necesiten.
La teleasistencia era gestionada hasta hoy por las corporaciones locales y el pasado año se beneficiaron de la misma 26.000 personas. A partir de este lunes, y a medida que vayan venciendo los respectivos contratos que suscribieron en su momento las corporaciones para poder llevar a cabo dicha prestación, la Junta de Castilla irá asumiendo el servicio de forma progresiva, aunque ya se hará cargo de su coste.
A tal efecto, se establecerá un contrato único que permitirá reorganizar las infraestructuras de prestación del servicio de teleasistencia integrando recursos, consiguiendo extender la prestación del servicio a más usuarios con costes menos elevados, homogeneizar los contenidos del servicio en todo el territorio y para todos los ciudadanos, integrar la teleasistencia con el resto de prestaciones en la historia social única y también garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores, nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada.
Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León mejora sustancialmente las previsiones del Gobierno Central, como figura en el Plan de Choque en Dependencia, ya que el Ejecutivo autonómico adelanta en dos años como mínimo su puesta en marcha. Por otra parte, el Estado según recoge dicho Plan, pretende poner en marcha la prestación a finales de 2022 y únicamente con carácter gratuito para las personas en situación de dependencia, mientras que en Castilla y León será gratuita para todos los usuarios. De hecho, la Junta de Castilla y León ha declarado la teleasistencia como un derecho de las personas que la precisen y, por ello, va a destinar hasta 5 millones de euros de los presupuestos para el próximo ejercicio, lo que supone un significativo incremento de esta partida con el objetivo de que la teleasistencia avanzada sea una realidad en la Comunidad.
