La Fundación Savia ha remitido una carta al Presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y la Agenda 2030, Pablo Iglesias y la Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante la preocupante situación que sufren al menos 12 barrios del territorio español “a causa de los continuos cortes de suministro eléctrico”.
En concreto, numerosas familias que viven en La Cañada Real (en Madrid), Distrito Norte (en Granada), Font de la Pólvora (en Girona), El Puche, la Chanca y El Quemadero (en Almería), Sant Roc (en Badalona) o Polígono Sur (en Sevilla) sufren desde hace meses -y, en algunos casos, años- persistentes interrupciones de suministro eléctrico que imposibilitan que puedan tener unas condiciones de vida dignas.
La gravedad del asunto afecta, además del día a día de las familias, a la vulneración de los derechos humanos como la educación o la salud. “Una situación que resulta especialmente preocupante en el caso de la infancia y de aquellas personas que padecen algún tipo de enfermedad que requiere de suministro eléctrico continuo para tratar sus dolencias”, afirman desde la Fundación Savia.
La respuesta de las administraciones públicas ha sido de indiferencia o criminalización, vinculando estos cortes de luz con la producción de marihuana. Mientras tanto, las compañías eléctricas aumentan sus beneficios millonarios con subidas en el precio de la luz y dejan sin suministro permanente o repetitiva a numerosas familias. Las administraciones y las eléctricas desoyen sus obligaciones con la ciudadanía y se alejan de la protección de los derechos fundamentales.
El propio Defensor del Pueblo ha calificado estos razonamientos de “falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia” y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para tratar el asunto con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos. Cabe destacar que, distintos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han afirmado que “la falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación”.
La Fundación Savia se ha sumado al más de un centenar de organizaciones han solicitado al gobierno central que “asegure el suministro de electricidad a todas aquellas familias que se ven afectadas por las interrupciones de suministro eléctrico y que cuide por que las administraciones públicas no emitan mensajes estigmatizadores hacia quienes sufren las consecuencias de los cortes de electricidad”.
