El Consejo de Gobierno ha aprobado la supresión de 24 títulos de enseñanzas universitarias oficiales de máster en las universidades públicas de Burgos (UBU), León (ULE), Salamanca (USAL) y Valladolid (UVA) y en las privadas Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila (UCAV) e IE Universidad de Segovia. En la actualidad, no existen estudiantes de nuevo ingreso a los que pudiera afectar esta decisión y los matriculados con anterioridad tienen derecho a finalizar sus estudios. Dichas supresiones cuentan con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).
La supresión de estos estudios se realiza por iniciativa de las universidades. En el caso de los centros públicos mediante propuesta de los consejos de gobierno con el informe favorable de sus consejos sociales, y en el de los privados, mediante propuesta de sus respectivos consejos directivos.
El Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en Castilla y León establece como criterios para la supresión de un máster haber tenido menos de 15 alumnos de nuevo ingreso en los tres últimos cursos; no haber impartido, durante tres años seguidos, las enseñanzas; o cualquier otro que, en ejercicio de la autonomía universitaria, alegue y justifique el centro académico (títulos que se extinguen y son sustituidos por otros nuevos o tienen planes de estudios coincidentes en parte con otros, títulos interuniversitarios en los que cambian las universidades que lo imparten conjuntamente, etc.).
Todas las universidades que han ejercido la iniciativa para suprimir estas enseñanzas, han presentado ante la Consejería de Educación una memoria justificativa de la concurrencia de alguno de los anteriores criterios, así como un estudio económico sobre las repercusiones de la supresión y el procedimiento interno a seguir para salvaguardar los derechos de los estudiantes. En ninguno de los títulos que se suprimen existen alumnos de nuevo ingreso y aquellos matriculados con anterioridad tienen garantizado el derecho a finalizar los estudios.
De este modo, la Universidad de Burgos suprime el Máster Universitario en Ingeniería Informática. Por su parte, la Universidad de León dejará de impartir los másteres universitarios en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte -conjunto con las Universidades de Alcalá y Valencia- y en Dirección de Organizaciones e instalaciones de la Actividad Física y del Deporte -conjunto con las Universidades de Alcalá y la Politécnica de Madrid-.
Asimismo, la Universidad de Salamanca elimina los másteres universitarios en Corrupción y Estado de Derecho; en Estudios Brasileños; en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología; en Gestión de Riesgos Laborales; en Ingeniería Industrial; en Lógica y Filosofía de la Ciencia; en Química y Farmacia de Productos Naturales/Farmácia e Química de Produtos Naturais por la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) y en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
Finalmente, la Universidad de Valladolid suprime los estudios de Máster Universitario en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio; en Dirección y Administración de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo; en Estudios Filológicos Superiores. Investigación y Aplicaciones Profesionales; en Formación de Educadores para la Intervención Sociocomunitaria; en Informática Industrial; en Ingeniería Acústica y Vibraciones; en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética; en Ingeniería Termodinámica de Fluidos; en Investigación en Ciencias de la Visión; en Lógica y Filosofía de la Ciencia; y en Comercio Exterior.
Dentro de las universidades privadas, la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila deja de impartir el Máster Universitario en Envejecimiento y Atención Sociosanitaria a la Dependencia; y la IE Universidad de Segovia, el Máster Universitario en Comunicación Corporativa/Corporate Communication.
La supresión de estos estudios cuenta con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
