La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha iniciado en el Portal de Gobierno Abierto el periodo de consulta pública previa para elaborar esta futura ley autonómica. El principal objetivo de este proyecto normativo es lograr una mayor seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa o indirectamente en sus intereses. Asimismo se persigue promover canales e instrumentos que garanticen la participación en procesos de deliberación, consultas ciudadanas, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y gestión de los servicios públicos.
El espacio de participación del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León dispone de un foro específico en el que ya se pueden aportar ideas y sugerencias como parte inicial del procedimiento de elaboración de una ley de participación ciudadana de carácter autonómico. Durante un mes, hasta el próximo 26 de febrero, cualquier persona puede aportar sus consideraciones. El propósito del Gobierno autonómico es fomentar una participación de calidad, tanto interna como externa, y establecer los mecanismos de coordinación que sirvan para promoverla, normalizarla y supervisarla.
Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se expone que con la aprobación de una ley de participación ciudadana se pretende establecer el marco jurídico que regule los procesos de participación a través de los que se asegure que la ciudadanía de Castilla y León pueda involucrarse en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que le afecten y que garantice su presencia en la actividad de la Administración pública.
De manera adicional, en la presentación de este espacio de recepción de ideas se apunta que es necesario definir y precisar procedimientos, conceptos, canales e instrumentos que permitan a la ciudadanía opinar, deliberar, formular propuestas de políticas públicas en condiciones de igualdad y determinar las obligaciones de la Administración. Además, resulta igualmente necesario fijar los mecanismos internos que promuevan, estructuren, normalicen, supervisen el desarrollo de la participación ciudadana en la Administración autonómica e impulsar la formación y sensibilización tanto de los empleados públicos como de la ciudadanía.
Sobre la pertinencia y la necesidad de esta nueva ley también se señala que, ante la creciente demanda de implicación y colaboración social en los asuntos públicos, el impulso de una participación ciudadana activa y de calidad y la incorporación de la inteligencia colectiva constituye una condición esencial para las democracias avanzadas, permitiendo así sumar esfuerzos y adoptar decisiones más eficaces y eficientes y con mayor legitimidad social.
