Los representantes de las CCAA en Comisión de Patrimonio Natural han apoyado por un voto de diferencia la intención del Gobierno de España de declarar como especie vulnerable al lobo.
Aunque esta votación no es vinculante, el Ministerio de Transición Ecológica (MITERD) será quien tome la decisión final. Esta decisión vuelve a demostrar, según la Real Federación Española de Caza, que el Gobierno es completamente ajeno a una realidad rural.
La Comisión Estatal de Patrimonio Natural, reunida este jueves, ha aprobado por un único voto de diferencia la inclusión del lobo en el catálogo de especies vulnerables. Esto supondrá la prohibición de su caza y, por tanto, de una gestión que durante años ha funcionado y ha dado como resultado el aumento y la recuperación de sus poblaciones.
Esta decisión, en la que comunidades que no cuentan con ningún ejemplar en sus territorios han tenido el mismo peso que quienes viven cada día el conflicto que supone la coexistencia del lobo y la ganadería, supone un nuevo abandono del Gobierno al mundo rural y se contrapone a una realidad que indica que allí donde se gestiona el lobo, su población se recupera, mientras que donde se protege estrictamente, disminuye, como es el caso de Portugal.
Cabe señalar que los votos favorables han sido emitidos en su totalidad por comunidades que no tienen presencia alguna de la especie y que, por tanto, desconocen totalmente el problema que sufren cada día los ganaderos de las comunidades con ataques continuos por parte de lobos, por lo que su voto solo puede achacarse a posicionamientos políticos y a presiones ecologistas.
Además, durante el día de hoy se ha votado también la inclusión de la tórtola en el catálogo de especies vulnerables, votación que ha quedado en empate, pese a las presiones que ha habido durante los últimos días a las CCAA para que apoyasen la protección de la tórtola, aun cuando España ha tomado durante los últimos años estrictas medidas para su recuperación, impulsadas principalmente por el sector cinegético.
Ninguna de estas decisiones es vinculante y ahora será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) quien tendrá que decidir el futuro de ambas especies. Un MITERD que no esconde su acercamiento continuo a posiciones de ecologistas radicales cuyo único objetivo es prohibir la caza de todas las especies, demostrando una vez más su completa lejanía a una realidad rural que apuesta por la gestión cinegética sostenible.
El presidente federativo, Ignacio Valle, ha lamentado la falta de valentía de las CCAA y afirma que los representantes de la Comisión “han obviado el sentir de un mundo rural que hoy quería pedirle a Teresa Ribera que abandonase su política sectaria, prohibicionista y anticaza”. Asimismo, ha advertido al MITERD que, si continúa con esta deriva ideológica, tomarán todas las medidas legales para impedir este atropello contra el mundo rural.
En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, quien asegura que hoy se ha dado un nuevo golpe a la España Vaciada, ignorando el trabajo y los informes técnicos y científicos que avalan que la caza sostenible es necesaria para garantizar la viabilidad de ambas especies.
