La colegiada provincial de IU León tras estudiar la lista (publicada con fecha 16 de febrero de 2021) con los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia en España con la ley de Aznar ha comprobado tras un breve análisis y revisión de los datos que del total de inmatriculaciones (34.961), casi un 30% (10.234) corresponden a la comunidad de Castilla y León, que en la provincia de León han sido un total de 2012, Siendo la provincia de León la cuarta en España por número de inmatriculaciones.
La Diócesis de Astorga aprovecho durante este tiempo para inmatricular la Catedral o el palacio episcopal en la ciudad maragata, así como multitud de iglesias, inmuebles y terrenos por toda la Diócesis. En el caso de la Diócesis de León destacan la Catedral, la Colegiata de San Isidoro, la Iglesia de Nuestra Señora del Mercado o la Iglesia de Santa Marina la Real.
La mayoría de las inmatriculaciones llevadas a cabo en nuestra provincia han sido realizadas en virtud de certificación eclesiástica, es decir, que se hizo posible únicamente con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente.
La colegiada provincial de IU recuerda que la Iglesia católica ha aprovechado para registrar a su nombre bienes que no están oficialmente a nombre de nadie aprovechando la potestad que le confiere la ley hipotecaria española y la modificación que Alberto Ruiz-Gallardón propuso, siendo aún ministro de Justicia, modificando el artículo 206 de la ley hipotecaria, que es el que permite ese privilegio a la Iglesia católica en España de actuar como fedatario público en la apropiación de bienes.
Para el Coordinador Provincial de Izquierda Unida, Javier Arias, “la invitación de la vicepresidenta primera del Gobierno, a que cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe de estas inmatriculaciones, reclame por vía administrativa o por la vía de los tribunales es un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Todas estas inmatriculaciones deberían declararse nulas porque se apoyaron en una ley franquista ampliada por el Gobierno de Aznar que da valor a la declaración de un obispo para que los bienes puedan inscribirse a su nombre en el Registro de la Propiedad. La Iglesia no es un organismo público ni es un notario que pueda dar fe de nada, y por tanto Izquierda Unida considera que deberían ser declaradas nulas”.
