El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha presentado hoy a instancias de la Asociación Conceyu País Llionés una pregunta sobre la autorización ambiental para el proyecto de una planta de compostaje en Santas Martas. Se trata de una batería de preguntas que hacen referencia a mencionado proyecto y que ha levantado no pocas críticas y el surgimiento de la oposición ciudadana que desde ayuntamientos, pedanías y asociaciones que reclaman que no se lleve a cabo la instalación de dicha planta de compostaje por tratarse de un foco de contaminación con graves consecuencias de insalubridad para el agua.
La cuestión surge tras la aprobación por parte de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el pasado 26 de octubre, de la autorización ambiental para el proyecto de una planta de compostaje en Santas Martas, una autorización que representa, según afirman desde Conceyu, varias amenazas para la comarca y sus paisanos, y afecta a bienes patrimoniales y culturales, y aún sabiendo que la autorización se halla sub iudice, se reclama a la Junta que aclare si dicha planta se ubicará en el Camino de Santiago Francés, declarado Primer Itinerario Cultural Europeo, Bien de Interés Cultural (BIC), ya que esto ocasionará el desvío de peregrinos y su influjo positivo para la comarca.
Además, aseguran los leonesistas, afectaría a la calzada romana, por el tránsito de vehículos pesados, que es de las mejores conservadas de España. Y aportan otros argumentos que hacen referencia al suelo rústico con protección agropecuaria, en el que se prohíben los usos industriales y de almacenamiento no vinculados a la producción agropecuaria; las parcelas donde se ubicaría el proyecto se encuentran en Demarcación 2 de la Concentración parcelaria de Payuelos, zona con sistema de riego de última generación, declarada de Utilidad Pública Estatal, por lo que solo podrán utilizarse para fines agrícolas. También la contaminación del acuífero del que se nutren los pueblos de la zona, los manantiales que abastecen de agua potable a Reliegos están situados frente a la planta de lodos. El cauce del arroyo de Valdearcos, afluente del Esla, está a 38 metros de la futura planta.
Concluyen, en último lugar, que el proyecto contraviene el principio de tratamiento de residuos bajo el criterio de proximidad, pues recibirá prácticamente todos los lodos de la comunidad. Por todo ello dirigen las siguientes preguntas en relación a la planta de compostaje:
PREGUNTAS:
- ¿Va a pleitear la Junta, para llevar a término la implementación del Proyecto, contra varios ayuntamientos, pedanías y asociaciones, que han presentado, o presentarán, demanda contra el mismo, por sentirse gravemente perjudicados, por atentar contra los valores antes citados?
- ¿No había otros lugares más apartados de poblaciones y de bienes de interés patrimonial/cultural, donde ubicar esta planta en un terreno industrial como corresponde a esta actividad?
- ¿Intermedió la Junta con la empresa actora, para proponer otros lugares más idóneos y con menor afección para la salud humana, el medio ambiente, y a los bienes patrimoniales citados?
- ¿Es este un golpe de ariete más para degradar el territorio leonés, y provocar más despoblación aún, obligando a los vecinos (varios pueblos) a emigrar, huyendo de esta actividad industrial, contaminante, que podría encajarse perfectamente, por sus efectos, en la antigua tipología del RAMIN (Reglamento de Actividades MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS?
- ¿Qué medidas tiene contempladas esta Consejería, si después de implantada la industria se materializan las amenazas previsibles, de malos olores, contaminación de acuíferos y de los múltiples manantiales que abastecen la localidad de Reliegos entre otras, y/o el Arroyo de Valdearcos, recordamos afluente del Esla, deterioro de la Calzada Romana, disminución de los peregrinos por esa zona, emigración forzada de los habitantes del entorno, y depreciación consecuente de sus bienes, tierras e inmuebles?
- Dado que se está abandonando una responsabilidad pública como es la gestión de lodos de EDAR dejándola en manos de capital privado que, recordemos, ¡HACEN NEGOCIO, NO PRESTAN SERVICIO! Y Siendo esto responsabilidad de las Administraciones Públicas, ¿Cree la Consejería que los intereses generales están por encima de las leyes y de la defensa del medio ambiente?
- ¿Tiene, para la Consejería, y la Junta de C. Y León, más peso el negocio privado de la peticionaria (Agro Gestión Integral, S.C.), que el del medio ambiente y el futuro de la Comarca y sus vecinos?
- ¿Tiene la Junta de C. Y León algún tipo de vinculación con la citada empresa, Agro Gestión Integral, S.C. o con los miembros de la misma?
- ¿Va a rectificar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente revisando y suspendiendo la Autorización Ambiental otorgada, en beneficio de los perjudicados del entorno, e instar su ubicación en otro lugar más idóneo, con menor impacto natural, patrimonial, y para los moradores?
