El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) ha publicado la primera contratación que se realiza en Europa de compra pública innovadora en materia de ciberseguridad, a la que destinará 535.591 euros, y que cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como socio estratégico. La iniciativa es fruto del trabajo entre ambas entidades y su principal objetivo es desarrollar soluciones innovadoras para este sector en Castilla y León.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), potencia la Compra Pública Innovadora (CPI) como una herramienta de apoyo a la innovación desde la demanda, con el objetivo de promover y apoyar la mejora de la competitividad de empresas de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León impulsa desde hace más de una década el sector de la ciberseguridad desarrollándose como uno de los más estratégicos en la Comunidad, para lo que ha invertido desde 2016 más de 6,5 millones de euros, a través de las distintas líneas de apoyo de consolidación y procesos de I+D+i incluidas en la Plataforma Financiera y de la CPI.
En el marco del Programa denominado ESCALA CPI, y bajo esta fórmula como un nuevo mecanismo en la forma de apoyar la innovación, el ICE ha publicado en el portal de Contratación del Estado la primera licitación en materia de ciberseguridad de Europa a la que destinará un presupuesto total de 535.591,29 euros, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
El lanzamiento de este proceso de contratación de CPI es resultado del trabajo conjunto entre ICE e INCIBE en el marco de un convenio de colaboración que mantienen desde 2018.
Con carácter previo a esta licitación se ha llevado a cabo una consulta de mercado entre las empresas y operadores tecnológicos del sector para explorar las posibles respuestas a las necesidades tecnológicas detectadas.
Objetivo y características de la licitación
A través de esta licitación se busca el desarrollo de una solución tecnológica que permita identificar dominios o sitios web donde se desarrollan actividades ilegales de forma anónima, que no hayan sido identificados previamente, y que no se puedan encontrar en fuentes públicas, tanto en la internet profunda ‘deepweb’ como en la web superficial. Esta licitación tiene como objetivo el desarrollo de herramientas que permitan descubrir nuevos servicios ilícitos ocultos y monitorizados y, con la información obtenida, eliminarlos.
Concretamente, esta modalidad se denomina compra precomercial, ya que permite contratar servicios de I+D para dar respuesta a un reto público para el que no existen productos o servicios desarrollados en el mercado, impulsando así el desarrollo en I+D y compartiendo riesgos y beneficios con las empresas adjudicatarias.
El plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 14 de mayo de 2021. A partir de la adjudicación, el plazo de ejecución está establecido en trece meses. El procedimiento se divide en dos fases competitivas, de siete y seis meses respectivamente, con sus correspondientes actividades y evaluaciones de carácter eliminatorio, y permitirá desarrollar varias soluciones innovadoras simultáneamente, de forma que se maximicen las probabilidades de éxito.
Como novedad frente a la contratación tradicional, que tiene un único adjudicatario, esta licitación pública permite seleccionar hasta un máximo de cuatro entidades desarrolladoras en la fase de investigación -fase 1-, de las cuales solo dos podrán pasar a la fase de desarrollo de prototipos -fase 2-.
Ventajas de la compra pública en innovación
La CPI es un procedimiento administrativo de contratación de productos o servicios con alto componente de investigación y desarrollo, fuertemente impulsado desde la Unión Europea. A través de él se orientan las compras que realizan las administraciones públicas, no sólo al cumplimento de sus fines ofreciendo productos y servicios de calidad e innovadores, sino también al fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas, incentivándolas a que hagan en sus ofertas propuestas innovadoras que no existen en el mercado, o incorporen soluciones tecnológicas que mejoren sustancialmente lo que existe.
Entre sus ventajas y beneficios destaca garantizar una mayor eficiencia en el gasto público y una mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas. Además convierte a las administraciones en palanca de la innovación y la competitividad empresarial. Lo hace de forma creativa -demanda un servicio como cliente- y contribuyendo a compartir los riesgos que conlleva la I+D.
Bajo esta fórmula de CPI, el 12 de marzo, el ICE ha cerrado un proceso de recogida de soluciones tecnológicas innovadoras para crear una nueva plataforma inteligente destinada a emprendedores y empresas que apoye la innovación y el emprendimiento en la Comunidad denominado SENDA, que corresponde a las siglas ‘Sistema Experto en la Nube de Diagnóstico y Acompañamiento’.
Ciberseguridad en la Comunidad
La ciberseguridad es una necesidad para la competitividad de las empresas y una oportunidad de especialización en un ámbito tecnológico de gran proyección de futuro para la Comunidad. La Junta ha sido pionera y constante en los últimos diez años, priorizando este sector en la ‘Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020’, tras el proceso de evaluación intermedia (2018), y en la Estrategia de Emprendimiento e Innovación del año 2016. El gobierno de la Comunidad considera que jugará un papel fundamental en atraer conocimiento y talento Castilla y León, y será un instrumento clave para impulsar la transformación digital de nuestras compañías.
El sector muestra unos datos en constante crecimiento: se estima que el mercado de la ciberseguridad en España ascienda a 1.324 millones de euros en 2021, un 8,1 % más que el resultado obtenido en 2020. Además, en el foro de 2021 de ‘IDC Cybersecurity’, apoyado institucionalmente por INCIBE y protagonizado por los 16 líderes tecnológicos de este campo en España, se han puesto de manifiesto los grandes cambios a los que hace frente la ciberseguridad, dado el incremento del número de amenazas de seguridad con cerca de 350.000 ataques de software malicioso –Malware- diarios a nivel mundial, y la falta de habilidades en este campo.
La COVID-19 obligó el año pasado a acelerar la digitalización, lo que ha conllevado a un incremento en el gasto en la industria de la ciberseguridad. De esta manera, el mercado ha reordenado sus prioridades tras los confinamientos generalizados del 2020 y la continuidad de los negocios en la red; la confianza digital se ha convertido en el primer punto del orden del día para las compañías de cara a los próximos cinco años.
