Las continuas restricciones que desde la Junta de Castilla y León se están adoptando sobre la actividad económica, principalmente sobre el sector de la hostelería, está provocando que no solo el propio sector viva una situación muy delicada sino que está afectando a toda su cadena de valor y otras actividades que de forma indirecta se ven afectadas por los cierres hosteleros. Una situación y unas decisiones del gobierno regional que para la Federación Leonesa de Empresa (FELE) resultan inadmisibles 14 meses después del inicio de la pandemia del coronavirus.
El secretario general de FELE, Álvaro Díez, califica como “injustas, desproporcionadas y sin fundamento” las restricciones anunciadas cada semana por el vicepresidente Francisco Igea y la consejera Verónica Casado. Medidas que “además de ahogar la economía provincial, están incluso provocando discrepancias en el seno del propio partido de Ciudadanos, por lo que carecen de credibilidad y solo hacen que justificar la incompetencia de quienes se han encargado de la gestión de la pandemia en la comunidad”.
En este contexto, Díez reprocha a los diferentes representantes políticos de los distintos partidos, gobiernen o no, que rompan su silencio para defender los intereses de la provincia. “No hemos escuchado en los últimos meses a los procuradores, senadores o diputados por León posicionarse ante unas medidas que van en contra del desarrollo económico mientras vemos en otras provincias como, con medidas menos restrictivas y con administraciones gobernadas por los mismos partidos que en Castilla y León, se mantiene cierta actividad”, asegura el secretario general.
La federación destaca que es necesario que se revisen de forma urgente las restricciones a las que se sigue sometiendo a la hostelería y buscar un equilibrio que permita compatibilizar la salud con la actividad económica, siguiendo el ejemplo de regiones que han demostrado que esta vía es posible. Asimismo, llama a los distintos parlamentarios provinciales a colaborar para salir de esta complicada situación provocada por el gobierno regional.
