Suárez-Quiñones, que ha intervenido en representación de las cuatro comunidades autónomas especialmente afectadas por esta problemática, ha insistido en los argumentos legales, técnicos y científicos que han venido defendiendo frente a las tesis del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), responsable de la inclusión del lobo en el listado LESPRE.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha conocido la experiencia de Castilla y León, donde contrasta la gestión del lobo desde hace años al norte del río Duero utilizando la actividad cinegética para controlar los daños, y las poblaciones del sur del Duero, donde la rigidez de la normativa ha generado un conflicto que pone en riesgo la necesaria coexistencia entre ganadería extensiva y conservación del lobo, parámetro fundamental en la conservación de esta especie y en la lucha contra la despoblación.
En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha aportado como datos contrastados el hecho de que la mayor densidad de lobos de España y una de las mayores densidades de lobo del mundo se encuentran en las reservas regionales de caza de la Sierra de la Culebra, Riaño y Fuentes Carrionas, donde se cazaban más de la mitad del cupo de lobos de toda Castilla y León.
También se ha hecho referencia en la videoconferencia mantenida esta mañana a la relevancia y el contraste de los datos sobre los ataques de lobos a la ganadería, que en 2019 fueron, al norte del Duero -donde se concentra algo más del 80 % de la población y se controlaban los daños con la caza-, 450 ataques comunicados; mientras que al sur del Duero, donde no es posible el control de daños con la caza, con algo menos del 20 % de la población de lobos, el número de ataques fue de 2.130. Régimen del Sur que ahora el Gobierno de España ha trasladado al Norte.
El consejero ha comunicado al comisario europeo que se ha ignorado totalmente la opinión de las comunidades autónomas que tienen que gestionar esas poblaciones, así como la opinión de todas las organizaciones profesionales agrarias y de la inmensa mayoría de ganaderos, de los colegios profesionales de ingenieros forestales, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos y veterinarios, entre otros.
Gestión de las autonomías acorde a la Directiva Hábitats de la UE y al Convenio de Berna
Juan Carlos Suárez-Quiñones ha destacado también que la gestión del lobo ibérico que se estaba desarrollando estaba en consonancia con el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales.
En consonancia con el Parlamento Europeo
El consejero de Castilla y León ha aludido también en su argumentación al ‘Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía’, elaborado por el Parlamento Europeo en 2017, donde se recoge que “mediante enfoques flexibles que tienen en cuenta las circunstancias nacionales específicas se esté contribuyendo a la reducción y la eliminación progresiva de conflictos y problemas innecesarios surgidos entre la protección de la naturaleza y algunas actividades socioeconómicas, así como a abordar los desafíos prácticos derivados de la aplicación de los anexos de dichas directivas”.
El mismo documento reconoce también “que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible, y para otras actividades socioeconómicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats”. Suárez-Quiñones ha destacado cómo lo acordado por el Gobierno de España va justo en la dirección contraria de esa iniciativa del Parlamento Europeo, por cuanto el nuevo régimen produce incremento de conflicto que aquel plan precisamente quería evitar.
Finalmente, el consejero Suárez-Quiñones puso de manifiesto que la fuente de información de la Comisión Europea sobre la población del lobo ha sido errónea. Se refiere a un informe elevado a la Comisión por el Gobierno de España sobre el cumplimiento de la Directiva Hábitats, en el que figura que la población del lobo es desfavorable en España en el período 2013-2018. El consejero ha remarcado especialmente que esa conclusión es absolutamente errónea, dado que no se corresponde en absoluto con la realidad de los datos oficiales de población del lobo que tienen las cuatro comunidades autónomas, nunca requeridos por el Gobierno y sin que el Gobierno pueda disponer de otra información distinta dado que el último censo nacional que se realizó es entre los años 2012-2013. Y estos datos que poseen las comunidades autónomas son que el incremento de población es constante desde este último censo, algo que conoce bien el sector ganadero y que es notorio para cualquiera que conozca el medio rural.
Es por ello que el consejero se comprometió a remitir a la Comisión Europea un informe completo sobre esta situación y sobre cuál es la realidad de la evolución de la población del lobo en Castilla y León y el resto de comunidades, totalmente favorable.
Finalmente, el comisario europeo, Virginijus Sinkevičius, agradeció el encuentro y consideró muy interesante la información trasladada, reconociendo que la cuestión es interna del Estado español, y la decisión adoptada por el Gobierno ha sido exclusiva suya. Asimismo, anunció que, aun siendo un tema interno del Estado, estaría pendiente de la evolución de la situación y de la decisión judicial que se pronunciase al respecto, de la que estaba al corriente.
