La suspensión del contrato afecta a 350 trabajadores leoneses de Ambuibérica que esperan una solución a la adjudicación del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre. Izquierda Unida pide a la Junta que el servicio de ambulancias se gestione de forma pública. Esta solución y una modificación de los criterios para el establecimiento del servicio, racionalizando su instalación según las necesidades reales de la población beneficiaría a una provincia como León, con su especial orografía y distribución territorial, donde este servicio es insuficiente para atender a la demanda de la población, especialmente en las zonas rurales.
El contrato fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, a petición del sindicato CGT. La Junta pactó un aumento del 87,5% del precio del servicio por el que pagaría 736 millones en los próximos seis años. La privatización de este servicio produce un sobrecoste en el mismo que podría invertirse en mejorar la calidad del mismo.
Carmen Franganillo, coordinadora local de IU de León, defiende que el transporte sanitario forme parte de los servicios que ha de prestar el sistema público de salud. El criterio para establecer el servicio de transporte sanitario tendría que ser técnico en función de las necesidades de salud de la población de una Comunidad Autónoma tan extensa como la nuestra y no en función de los beneficios que cada paciente y su traslado suponen a una determinada empresa. La solución pasa por constituir una empresa pública de transporte sanitario para mejorar la calidad del servicio prestado y las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Desde la organización niegan que el principal problema del transporte sanitario se solucione incrementando el coste del contrato. El coste de 809 millones de euros hasta 2028 sirve para poner parches a la precarización del servicio sanitario, con una empresa que tiene diez expedientes anteriores por incumplimientos.
De poco nos sirve construir los mejores hospitales si no hay forma pública de llegar a ellos y las personas que lo necesitan con urgencia han de acudir a la utilización de vehículos privados porque la ambulancia no llega. Un mal servicio de ambulancias nos cuesta algo más que dinero, nos cuesta vidas.
IU califica como lo urgente y necesario, revertir al ámbito de lo público el servicio de transporte sanitario. “Redimensionarlo en función no del negocio, sino de las necesidades reales de la población a la que debe darse la atención sanitaria, una población dispersa y envejecida que necesita más ambulancias medicalizadas, soportes vitales y transporte sanitario disponible a una distancia razonable de su domicilio”.
Destaca también como imprescindible dignificar las condiciones laborales del personal que presta servicios en las ambulancias de Castilla y León.
Respecto a los conflictos laborales y la precarización del empleo en el sector, a juicio de Izquierda Unida, la Junta de CyL es tan responsable como la empresa. El papel de la Junta de Castilla y León en este asunto, tras renunciar el PP a la gestión pública de este servicio, es velar por el respeto de las normas por la parte social y empresarial. En cambio, el partido popular se ha puesto siempre de parte de la empresa, lo cual la incapacita a la Junta para realizar una labor de mediación. La clave de la suspensión del contrato que ahora decreta el TARCYL está precisamente en las prestaciones laborales. En los fundamentos de derecho se explica que en el acuerdo no se contempla «cumplir la legislación vigente en materia de medios personales, debiendo dimensionar el personal necesario», con lo que las condiciones laborales y el número de plantilla pactada hace sólo unos meses sería incumplido por una empresa que tiene graves antecedentes en materia de conflictos laborales e incumplimientos, además de crearse unos sospechosos puestos de dirección con una altísima remuneración que no se contemplaban en los acuerdos.
