- La formación naranja busca de esta manera proteger los intereses municipales ante el actual contexto de incertidumbre económico
. El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha pedido a través de una moción que se recupere en todos los pliegos de contratación la obligación de presentar y depositar una garantía provisional o aval bancario.
“De esta forma las empresas que se presenten a las licitaciones del Ayuntamiento dejan claro desde el principio su interés por el concurso, pero también las consecuencias que pueden tener en caso de renunciar a una adjudicación”, ha afirmado el concejal de la formación liberal, Antonio Pérez Blanco.
El edil ha incidido en que hay que buscar soluciones ante el actual escenario económico, ya que el incremento de precios de las materias primas y los problemas de distribución están afectando de lleno a determinados contratos. “En estos momentos existe la posibilidad de que muchos de ellos no puedan ejecutarse o resulten deficitarios para el contratista y debe existir una forma de proteger al ayuntamiento”.
Pérez Blanco ha hecho referencia al contrato de remodelación del Mercado del Conde Luna, que quedó en suspenso el pasado mes de junio cuando la empresa adjudicataria renunció a llevar a cabo su contrato con la justificación de que le era imposible recibir suministros para poder ejecutar la obra en los plazos recibidos. Esto provocó un retraso en las obras y en la actualidad el ayuntamiento ha firmado un contrato con una segunda empresa para que asuma la obra.
“Este hecho ha perjudicado seriamente la gestión de este contrato, que requiere además de un complicado sistema de traslados y construcción de instalaciones temporales en un espacio público paralizado, de acuerdo a un calendario muy exigente”, ha asegurado Pérez Blanco.
“No solo eso, sino que también ha perjudicado a la segunda empresa, en este caso una empresa leonesa, que era conocedora de la obra a realizar, de las complicaciones y costes, pero que se había quedado fuera porque la primera empresa podía asumir riesgos iniciales sin coste debido a la falta de ese aval”, ha añadido el concejal liberal.
La propuesta naranja también pide que esta garantía provisional sea el valor máximo permitido por la Ley Contratación del Sector Público (LCSP) que es del 3% del presupuesto licitado, sin tener en cuenta el Impuesto sobre el Valor Añadido.
