- Los liberales señalan que la alerta del Común sobre una irregularidad técnica muestra que en León “prima el afán recaudatorio del alcalde sobre la seguridad vial”.
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha exigido al alcalde José Antonio Diez y a su equipo de gobierno que cumplan estrictamente el dictamen emitido por el Procurador del Común que advierte que las multas impuestas por fotorrojos vulneran la legalidad si no se avisa de su presencia con señales informativas y si no se someten a pruebas metrológicas.
La formación liberal ha señalado que el Procurador del Común, tras recoger las reclamaciones de varios leoneses, la última del 24 de octubre del 2022, pide expresamente al Ayuntamiento de León certificar el control metrológico y la colocación de una señal que pueda ser vista por los conductores en anticipación a estos dispositivos dotados de un radar que se colocan en los cruces o lugares de riesgo para conductores y viandantes con el objetivo reducir o evitar en la medida de los posible el número de accidentes.
“Ya lo advierte el propio Procurador del Común: las multas impuestas por este ayuntamiento con sanciones derivadas de la utilización de fotorrojos pueden no ser legales y por tanto el Consistorio debe revisar cómo y de qué manera está multando a los ciudadanos”, ha asegurado la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel.
“Este alcalde lo único que pretende basar su política de movilidad sancionando a los leoneses por medio de un sistema irregular y sorprende que todavía después del toque de atención del Procurador del Común no haya corregido esta ilegalidad”, ha incidido la representante de Cs León.
Villarroel ha señalado además que “este comportamiento ya lo hemos visto en en el Señor Diez que quiso utilizar el dinero de los fondos europeos para adquirir unos radares con la excusa de tener una buena movilidad en León. Por suerte esta ayuda no fue concedida y no tenemos esta ciudad plagada de radares,” ha afirmado la portavoz liberal.
Por último, Villarroel ha subrayado que son muchos los casos en toda España donde la Justicia ha anulado denuncias por la mala calidad de las imágenes o por no existir señalización que informe de la ubicación del radar, “por lo que el Ayuntamiento debería hacer algo al respecto y no seguir con esta política de multas sin sentido”.
