Este martes 21 de febrero, el Consejo de la Juventud de Castilla y León junto con el Consejo
de la Juventud de España, han presentado los datos de Castilla y León del segundo semestre
de 2021 del Observatorio de Emancipación que elabora cada semestre el Consejo de la
Juventud de España en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León en la
sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
El Observatorio de Emancipación Juvenil es una estrategia del Consejo de la Juventud de
España con el que colabora el Consejo de la Juventud de Castilla y León para monitorizar los resultados
sobre la juventud de Castilla y León ofreciendo una perspectiva cuantitativa y descriptiva sobre la
situación de la juventud en lo que respecta a empleo, educación y vivienda. Siento este, el único estudio
a nivel autonómico para conocer la realidad de las personas jóvenes.
Los datos presentados hacen referencia al segundo semestre de 2021, sobre la situación de las
personas jóvenes de Castilla y León tras la pandemia con el término del año 2021, en el que se ha
podido observar cómo las personas jóvenes continúan inmersas en una precariedad y fragilidad laboral
que repercute en sus expectativas vitales y, además, como sigue siendo el colectivo más perjudicado en
todas las crisis, quedando siempre las personas jóvenes a la cola de la recuperación, indicaba Sandra
Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Castilla y León, es una comunidad en la que el componente demográfico adquiere un papel muy
relevante en la definición de las características demográficas de la población jóven ya que tan solo el
12,6% de toda la población residente en la comunidad tenía entre 16 y 29 años. Este menor peso
demográfico de la población joven coincidía con una mayor probabilidad de que una persona joven
nacida en la comunidad estuviera residiendo en otras comunidades. Aunque en 2021 esta probabilidad
no varió de manera significativa, Castilla y León era la tercera comunidad con más personas jóvenes
que habían «emigrado» a otros puntos de España, principalmente a la Comunidad de Madrid.
La población joven residente en Castilla y León se distinguía por una fuerte dependencia
familiar, ya que tan solo el 14,7 % había abandonado el hogar de origen a finales de 2021, la misma
proporción que en la primera mitad del año. Una persona joven asalariada no podría acceder a una
vivienda sin superar el umbral de sobreendeudamiento, teniendo que destinar el 53,8% de su salario
para el pago de la renta de alquiler y un 33% para la cuota hipotecaria, sin contar otro tipo de costes
como el de suministros básicos asociados al uso de la vivienda, al que se destina una media del 10,4%
de los ingresos.
Contar con un empleo estable era algo poco probable en el segundo trimestre de 2021, pues
casi la mitad de la población joven, el 47,3%, se encontraba en su empresa actual desde hacía menos
de un año. Y, solo 2 de cada 10 personas jóvenes tenía una continuidad laboral de más de 3 años. Si
tenemos en cuenta la contratación registrada, casi la totalidad de los contratos creados, el 91,9% fueron
de carácter temporal.
Además, tener un empleo, no exime a las personas jóvenes de Castilla y León de estar en
riesgo de pobreza o exclusión social, ya que la tasa de pobreza entre las personas jóvenes se sitúa en
el 18,9%.
Tal y como ha señalado Sandra Ámez, “una sociedad que deja atrás a las personas jóvenes, es
una sociedad que fracasa. Es fundamental desarrollar políticas públicas adecuadas, principalmente en
materia de vivienda y empleo, que permitan a las personas jóvenes no estar inmersas en una
precariedad y fragilidad laboral, que posibiliten su emancipación y el desarrollo de un proyecto vital en
nuestra tierra, no viéndose obligadas a emigrar”
