LA la Junta no le importa que el Ayuntamiento de San Andrés no pueda celebrar contratos, pagar a proveedores, justificar subvenciones, contratar personal, emitir certificaciones de empadronamiento, certificaciones de familias numerosas, prestar asistencia de emergencia social o efectuar el pago de nóminas. Tampoco le importa que no se puedan emitir decretos de Alcaldía ni llevar a cabo Juntas de Gobierno ni Plenos.

El gobierno de PP-VOX en la Junta de Castilla y León, lejos de colaborar con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, se pone de lado y hace la vista gorda ante la situación por la que atraviesa este Consistorio. Esta grave situación está afectando profundamente al Ayuntamiento y, en última instancia, a los ciudadanos que residen en el tercer municipio más grande de la provincia de León, con más de 30.000 habitantes.

La baja del Secretario y la vacante en la plaza de Tesorería, ya solucionado por este equipo de Gobierno, han sumido al Ayuntamiento en una situación de emergencia y caos administrativo. A pesar de las reiteradas peticiones de ayuda a la Consejería de Presidencia para cubrir estos cargos cruciales, sin los cuales la administración local está completamente bloqueada, la respuesta de los responsables del Gobierno regional ha sido desalentadora y desconcertante, limitándose a decir «búsquese usted la vida», reto que hemos cumplido con el Tesorero.

Es imperativo que todos los vecinos, colectivos sociales y fuerzas vivas del municipio estén al tanto de esta situación crítica. A pesar de los múltiples esfuerzos, incluyendo escritos, gestiones y llamadas telefónicas, nos encontramos en un punto en el que no podemos asegurar cuándo se resolverá esta crisis y se podrá contar con un Secretario.

En este contexto, pedimos disculpas y, al mismo tiempo, comprensión a las empresas que se ven afectadas por retrasos en los pagos por los servicios prestados; a los ciudadanos que, impotentes, comprueban que no pueden obtener en tiempo y forma un simple certificado; y a los trabajadores municipales por el retraso en el pago de las nóminas. Las consecuencias de esta parálisis administrativa son muchas, hasta el punto de que en estos momentos no se pueden celebrar Juntas de Gobierno ni Plenos para aprobar asuntos que afectan al día a día de todos los vecinos de este municipio.

Es hora de que la Junta de Castilla y León asuma su responsabilidad y tome medidas inmediatas para resolver esta crisis que afecta a la vida de miles de ciudadanos en San Andrés del Rabanedo. El gobierno regional debe abandonar su postura pasiva y colaborar activamente para restaurar la estabilidad en el Ayuntamiento y garantizar el bienestar de sus habitantes.