- El voto en contra de los seis concejales del Partido Popular, junto con los cuatro concejales del PSOE, han impedido la entrada en vigor de la nueva ordenanza que regula la tasa que cobrará el Ayuntamiento de San Andrés, tras la extinción de Gersul, después de que las alegaciones presentadas por la Junta Vecinal de Trobajo pusieran sobre la mesa la quiebra técnica a la que se asomarían las pedanías al tener que pagar cantidades muy elevadas que no podrían asumir. “De no haber sido por el PP y por el PSOE, hoy se habría firmado el certificado de defunción de las cuatro pedanías”, aseguró Noelia Álvarez.
- Se da la circunstancia de que casi la práctica totalidad de los servicios que presta el Ayuntamiento de San Andrés están en terrenos de las juntas vecinales que, sin embargo, asumen la carga impositiva. El PP muestra su defensa a ultranza de las entidades locales menores y reclama con urgencia un convenio que regule la financiación de las pedanías.
“No podemos permitir la quiebra de las Juntas vecinales de nuestro municipio a la que se verían abocadas con la ordenanza que regula la tasa que hasta ahora gestionaba Gersul”. Bajo esta premisa el Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha votado en contra de aprobar de forma definitiva Ordenanza que regula la Tasa por el Servicio de Transferencia, Clasificación, Tratamiento y Eliminación de Residuos Domésticos y Asimilables a Dómestico en el municipio de San Andrés del Rabanedo (antes Gersul). El motivo ha sido la alegación presentada por la Junta Vecinal de Trobajo (PSOE) del Camino que hace referencia a las sumas que tendría que pagar esta entidad, y en consecuencia, las otras tres pedanías del municipio, que las dejaría en una situación muy delicada para su supervivencia financiera. Los votos en contra del PP, junto con los cuatro concejales del PSOE, ha provocado que la UPL se quedara en minoría por lo que no ha podido sacar adelante la ordenanza, de tal manera que no se podrá aplicar la tasa en el año 2024 y la tendrá que asumir el propio Ayuntamiento por lo que los vecinos quedarán exentos del pago de la misma.
La portavoz popular, Noelia Álvarez, ha criticado con dureza la convocatoria muy urgente del pleno, sin información de ningún tipo, sobre la repercusión que esta ordenanza tendría para las juntas vecinales, a sabiendas de que su aplicación a rajatabla supondría el pago
de altas cantidades que, ninguna de las cuatro pedanías, podrían asumir. “No tenemos información de ningún tipo, ni siquiera el padrón que se aplicará y desestimar la alegación supondría el fin de las pedanías con auténticas dificultades para sobrevivir” ,explicó Noelia Alvarez que no dudó en afirmar que “la votación de hoy ha sido la más difícil de los últimos años”.
Álvarez no dudó en afirmar que un equipo de gobierno “tiene que garantizar la supervivencia de sus territorios y no su destrucción”, como hubiera sucedido en caso de aprobarse y llamó la atención sobre el voto a favor de la UPL que vuelve a demostrar “que una cosa es predicar y otra dar trigo”. De hecho, aseguró, “de no haber sido por el PP y por el PSOE, hoy se habría firmado el certificado de defunción de las cuatro entidades locales del municipio”.
Los populares han tenido que decidir entre cargar a las arcas municipales con los 900.000 euros que supone tener que asumir el pago de la tasa que tendrían que abonar los ciudadanos en el 2024 o firmar el finiquito para las cuatro juntas vecinales de San Andrés porque no podrían pagar las cantidades que les corresponden en función de los bienes de las que son propietarios. “Son los ciudadanos los que nos han puesto aquí y por eso creemos que debemos defender sus intereses que pasan por garantizar la supervivencia de sus pueblos y no provocar su quiebra”, incidió Alvarez que si bien reconoció que supone una carga importante para el Consistorio, las arcas municipales tienen un remanente de 14 millones de euros que permiten afrontar este gasto.
Además, se da la circunstancia, destacó la edil del PP que casi la totalidad de los bienes sobre los que se aplicaría la tasa están cedidos en uso al Ayuntamiento de San Andrés. Una situación que debe de corregirse con un convenio con las pedanías que ya se inició en la legislatura 2011-2015 cuándo gobernaba el PP pero nunca se ha avanzado en ello. “Ahora debe de ser una prioridad para el equipo de gobierno de la UPL solucionar el problema con las juntas vecinales y fijar los criterios de colaboración financiera por escrito y en régimen de igualdad para evitar que esta situación se prolongue en el tiempo”, destacó Noelia Alvarez.
