Los leonesistas en la institución provincial afirman que el Gobierno autonómico “se lava las manos en una competencia que es suya y que intentan derivar a las Diputaciones con solo 65.000 euros para realizar un estudio”
UPL en la Diputación de León denuncia que la Junta de Castilla y León se “lava las manos de nuevo con una competencia propia como es la de garantizar a los leoneses que residen en el área rural de la provincia el acceso a la televisión a través de las nuevas tecnologías”.
Desde UPL afirman que “es su competencia y se la ha endosado a las Diputaciones aportando una cantidad ínfima de solo 65.000 euros, que solo servirá para hacer un estudio para cuantificar cuantos son los damnificados por el cambio en la recepción de los canales públicos, pero no para resolver un problema que se traducirá en que muchos de ellos dejen de tener acceso a la televisión”.
Los diputados de UPL en la institución provincial explican que “es una nueva discriminación para los habitantes del medio rural, de las localidades que se encuentran en zonas de sombra y que no tienen acceso a la TDT desde la antena convencional, sino que disponen de antenas parabólicas y de unos codificadores que ya ocasionaron gastos excesivos en 2010 con la desaparición de la televisión analógica”.
“Estamos hablando de muchos municipios y muchos habitantes, especialmente de la montaña leonesa”, y aclaran que “es una vergüenza que nos vendan que es un avance revolucionario en el concepto que hasta ahora se había tenido de la televisión, cuando para el mundo rural es un retroceso económico en primer lugar y, lo más importante, una discriminación para nuestros pueblos”.
Según UPL, los descodificadores SD ya se pagaron en su día “y otra vez los vecinos de las localidades afectadas deben enfrentarse a una nueva inversión para poder adquirir esos decodificadores, cuyo precio por unidad, es decir, para cada televisión, supera los 400 euros para poder acceder a la Alta Definición y acceder a los canales públicos en estas localidades”.
Por todo ello, UPL exige a la Junta de Castilla y León “que se haga cargo de sus competencias y que busque una solución para que todos los leoneses cuenten con las mismas posibilidades, lo que se traduce en una verdadera lucha contra la despoblación”.
