La falta de personal de las reservas de caza de Castilla y León reduce considerablemente los permisos de caza y consecuentemente los ingresos de los ayuntamientos y juntas vecinales de las reservas.
Hay quejas en los ayuntamientos por la minoración de ingresos y de permisos de caza, pero también por la caza de los cazadores locales, que ceden los terrenos y les minoran las posibilidades de cazar.
Hay falta de personal, pero también hay una mala distribución de los agentes y celadores. La necesidad de ir dos empleados de las reservas con cada cacería de menor o batidas hace que sea imposible realizarlas, por lo que lo más cómodo es reducir las cacerías. No se entiende la necesidad de que tengan que acompañar dos agentes o celadores de caza con las cacerías, principalmente con los locales. Debería ir un solo empleado en las cacerías de menor. Como no contratan más personal, ni cambian las condiciones de trabajo, la solución es cómoda, eliminar cacerías y quien proteste, que proteste.
Después pueden poner argumentos relacionados con una mejor gestión, pero la realidad es la falta de personal y la mala distribución del mismo en las cacerías.
Esto pasa en León. La Federación de Caza de Castilla y León informa que en Burgos, la Junta de Castilla y León anunció la supresión de los permisos de ciervo y becada en el Plan 2024-2025 al disponer «de menos del 55% de personal de campo». Implica un recorte del 50% de los ingresos para cada municipio
Los 27 ayuntamientos propietarios de los terrenos incluidos en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Demanda sufrirán un recorte del 50% de los ingresos que perciben por este recurso, lo que se traduce en una pérdida de más de 150.000 euros. Así se lo han comunicado por escrito desde la dirección técnica de este espacio, que gestiona la Junta de Castilla y León. Según recoge el documento enviado, el Plan de Caza 2024-2025 que proponen «se adecua a la disponibilidad del personal de campo existente, inferior al 55%» por lo que han tomado la decisión de «suprimir los permisos de ciervo y becada». Menos licencias por falta de celadores implica menos dinero para las arcas de los municipios, que el año pasado ya denunciaron unos recortes del 20% y que son los principales damnificados de esta falta de medios humanos.
