Representantes de Izquierda Unida y del PCE se reunieron este jueves con el comité de empresa del centro Estrada para conocer las reivindicaciones de la plantilla.
La huelga, que comenzará el lunes y durará dos semanas, tiene como objetivo salir de la precariedad laboral que sufren las trabajadoras y trabajadores del centro, y que cobran, en un 80 por ciento, el salario mínimo, a pesar de ser trabajadores cualificados, como demuestra la propia UTE cuando así lo expresa en la licitación y en los dos años mínimos de formación de la plantilla, o en el hecho de que contrate gran cantidad de trabajadores con estudios superiores.
La pérdida de poder adquisitivo de la plantilla, desde 2008, se estima en un 27 por ciento.
Para Carmen Franganillo, coordinadora local de IU “estas empresas que acuden a licitaciones públicas y, por tanto, funcionan con dinero público, no deberían ser fuente de precariedad laboral. La plantilla tiene horarios que complican la conciliación laboral y están especializados, por lo tanto, no deberían cobrar el SMI ni carecer de planes de carrera profesional o incluso de un plan de igualdad, obligatorio para empresas de este tamaño.”
Desde la dirección de Izquierda Unida y del PCE de León, trasladarán preguntas al congreso para aclarar si la DGT cumple con la ley de contratos a la hora de las adjudicaciones puesto que, según las directivas europeas en materia de contratación, pública los poderes adjudicadores están obligados a adjudicar contratos públicos sobre la base de diversos criterios, quedando obsoletas las fórmulas mediante las cuales se toma en consideración solamente el precio más bajo. La oferta económicamente más ventajosa, en la actualidad, hace hincapié en la mejor relación calidad-precio teniendo en cuenta los factores de calidad, medioambientales y sociales, los costes del ciclo de vida y la innovación. Esto implica también tener en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores, condición transversal en toda la ley de contratos española, que incluye, además, medidas para la igualdad. Sobre esto último, desde las organizaciones explican que la Unión temporal de empresas, adjudicataria del contrato, “no cuenta con un plan de igualdad, lo cual supone una violación del ordenamiento jurídico español y de las normas comunitarias,
Tampoco se entiende, a tenor de lo hablado con los representantes de los trabajadores, cómo la administración privatiza un servicio que tiene por objeto el ejercicio del poder sancionador, reservado en la propia legislación española, y que no se puede delegar. La “triquiñuelas” para poder saltarse su propia norma, por parte de la Administración son bastante burdas.”
Desde IU y el PCE piden acabar con el desinterés de la Administración en el cumplimiento de estos criterios en las adjudicaciones y mediación en las negociaciones con la UTE para que la plantilla del centro nacional, ubicado en León, salga de la precariedad laboral en la que se encuentra, e incluso piden que se cree una empresa pública, de cara al futuro, dado que si eliminamos el beneficio empresarial podremos establecer condiciones laborales dignas, que las empresas privadas parecen no querer garantizar.
