- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, acompañado por los concejales Ana Franco, Cecilia Rodríguez, José Antonio Cabañeros y Juan Carlos Agúndez, ha resumido la ‘Resolución sobre el calmado del tráfico y la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de León’ emitida por el Procurador del Común, tras la queja formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular.
David Fernández ha resumido la convocatoria de prensa con una frase: “El alcalde ha restringido el tráfico de las calles Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V y Ramiro Valbuena de manera ilegal. Es decir, ha implantado una ZBE por la puerta de atrás, saltándose la ley”. Una evidencia tras recibir la resolución dictada por el Procurador del Común a instancias de las quejas formuladas por el Grupo Municipal del Partido Popular.
El portavoz lo explicaba en los siguientes titulares:
- “Hace justo un año el alcalde anunció como respuesta a una pregunta de nuestro grupo que había decidido restringir el tráfico y eliminar los aparcamientos de la calles Gil y Carrasco, Alfonso V y San Agustín. Decisión que luego se ampliaría a Ramiro Valbuena”.
- Durante los meses siguientes “hemos venido denunciando el engaño, la improvisación y la falta de diálogo del alcalde tomando esta decisión, que no pretendía otra cosa sino implantar por la puerta de atrás y sin las garantías legales una ZBE con duras restricciones para los leoneses”.
- Engaño “porque antes de las elecciones afirmó que sería un calmado de tráfico, permitiendo circulación a 10 km/h y estacionamientos, y según pasaron las elecciones mostró realmente sus intenciones, aunque no lo hizo por voluntad propia sino a respuesta del PP en el Pleno”.
- Improvisación “porque la misma obra que valía para que hubiera tráfico y aparcamientos sirve ahora para ser peatonal, con el resultado lamentable que está a la vista de todos tras gastar más de 2 millones de euros: calles de dudoso gusto estético y sin zonas verdes ni sombras. Si había dinero y la idea era cerrarlas, ¿por qué no se diseñaron esas obras con ese fin?
- Y falta de diálogo “porque el alcalde tomó una decisión tan importante engañando a los leoneses antes de las elecciones y sin someterlo a la voluntad de ningún órgano colegiado municipal”.
- Fernández proseguía indicando que “lo peor de estas decisiones no es esto, que ya es relevante, sino las consecuencias que ha tenido para el tráfico de la ciudad: embotellamientos, lentitud en la circulación en el centro y aparcar el coche se ha convertido en una pesadilla”.
- Desde el primer momento, hemos tenido dudas sobre la legalidad de gastar millones de euros para, como señalan los propios contratos, “implantar una zona de bajas emisiones” en León y, por otro, restringir derechos y libertades de los leoneses sin haber aprobado primero la ordenanza donde se fijen las normas y la delimitación de la misma.
- Por ello, “hace unos meses recopilamos toda la información y presentamos una queja ante el Procurador del Común. Queja de la que hemos obtenido respuesta hace unos días y cuya conclusión es clara: el alcalde ha restringido el tráfico de las calles Gil y Carrasco, San Agustín, Alfonso V y Ramiro Valbuena de manera ilegal. Es decir, ha implantado una ZBE por la puerta de atrás, saltándose la ley”.
- Además, esta resolución llega a pesar de que en su respuesta al Procurador, el equipo de gobierno trató de engañar a esta institución, diciendo que en realidad esas calles no son zona de bajas emisiones cuando el propio nombre del proyecto de cada una de las obras decía: “para la implantación de una zona de bajas emisiones en León”.
- “El colmo de la irresponsabilidad y de la improvisación llega cuando el equipo de gobierno afirma que el cierre es provisional a la espera de la aprobación de la ordenanza reglamentaria, cuando hace apenas 3 semanas emitió los decretos que regulaban esas calles. En definitiva, un burdo ejemplo más de las mentiras y los engaños de este alcalde con las que pretende camuflar su incompetencia”.
- A pesar de este intento de engaño, “el Procurador del Común determina claramente que el propósito del Ayuntamiento con esas obras ha sido en todo momento promover la implantación de una ZBE y que el alcalde no puede restringir el tráfico por sí mismo y con un simple decreto de Alcaldía, pidiéndole que elimine las restricciones establecidas en esas calles hasta que se apruebe la ordenanza correspondiente, cosa que le urge a realizar a la mayor brevedad. En este sentido, hay que recordar que el alcalde adjudicó en septiembre de 2022 un contrato por valor de 122.000 euros para la implantación de una ZBE en León. El plazo otorgado para la ejecución de este contrato fue de nada menos que dos años. Es decir, el tiempo suficiente para perpetrar el engaño planeado desde el principio: decir antes de las elecciones que no habría restricciones y realizarlas una vez que los leoneses ya hubieran votado y la ZBE estuviera implantada de facto. Tanto es así, que a día de hoy el resultado de este contrato ni siquiera ha sido llevado aún a ningún órgano informativo municipal”.
- Hay más pruebas de la voluntad del alcalde de implantar esa ZBE por la puerta de atrás “ya que se gastó hace un año 1.9 millones de euros para adquirir el equipamiento y los suministros necesarios para la señalización de una ZBE. Un material que ya está siendo colocado sin siquiera conocer la ordenanza”.
- En resumidas cuentas, “el alcalde lleva gastados más de 4 millones de euros en implantar una ZBE, con actuaciones ya realizadas en calles y con equipamiento ya adquirido y colocado cuando el proyecto de implantación de la ZBE encargado ni siquiera había sido concluido y, por supuesto, tampoco debatido en Pleno. Un trampantojo del alcalde, una verdadera chapuza que ahora queda al descubierto”.
- El Procurador del Común no se queda sólo ahí: “además de concluir que la actuación del alcalde no ha sido de acuerdo a derecho, recuerda cuestiones muy importantes que se han de tener en cuenta para la aprobación de la preceptiva ordenanza de ZBE en León. La primera es que una cuestión como ésta no puede realizarse sin las garantías que implica la tramitación de una ordenanza, que se resumen fundamentalmente en audiencia pública, participación ciudadana y transparencia; la segunda, que las restricciones que recoja la futura ordenanza de ZBE de León tienen que tener una justificación ambiental muy fundamentada, teniendo en cuenta el potencial contaminante de cada vehículo; y la tercera, que la ordenanza también debe tener una memoria que recoja el impacto económico de las restricciones que existan en esa ordenanza, con especial atención al impacto sobre las personas más vulnerables y las pequeñas empresas. El Procurador resume muy bien en tres palabras: idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
- “Como ya he afirmado muchas veces, en el PP no estamos en contra de las peatonalizaciones, pero sí estamos en contra de las chapuzas legales, de los engaños y de las improvisaciones de este alcalde, que luego además se permite en los plenos dar lecciones de nivel y buena gestión a los demás cuando ni siquiera es capaz de ser honesto con los vecinos y de cumplir la ley, que es lo mínimo exigible a un gobernante. No se puede tomar una decisión tan importante como ésta para la ciudad amparándose en encuestas a media docena de comunidades de vecinos y con un decreto de Alcaldía. Sabíamos que esto no era serio, pero ahora además sabemos que no es legal”.
- “Estas decisiones afectan a toda la ciudad, a todos los vecinos, como estamos comprobando, y, para tomarlas, un alcalde debería tener en cuenta algo más que su dogmatismo ideológico y su acuciante megalomanía. En nuestra opinión, antes de restringir derechos a miles de leoneses, se debería haber mejorado el transporte público con el fin de mejorar la conectividad con los barrios; se debería haber tenido un plan para garantizar un volumen de aparcamientos tanto para los residentes en el centro como para el resto de vecinos que acudan a él, y se deberían haber planteado unos proyectos totalmente diferentes, si es que el fin de esas calles era el de ser peatonal”.
- “El alcalde no necesita inventar nada, simplemente con que copie lo que hacen en otras ciudades de nuestro entorno y cumplir la ley sería suficiente, pero primó el engaño y el cálculo político por encima del interés general de la ciudad. El resultado de las calles ya no lo podemos cambiar, pero el uso de las calles y la ordenanza de ZBE de León, que ya lleva un retraso de dos años sobre lo que exige la ley, sí. A la vista de esta resolución y si el alcalde no actúa en consecuencia, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de todos los leoneses que han sido vulnerados por el alcalde y, además, estaremos muy vigilantes del contenido de esa ordenanza para que se cumpla con lo exigido. El alcalde podría entregarnos su proyecto de ZBE, dialogarlo y consensuarlo con los grupos políticos, pero él es más de llevar las cosas importantes de ciudad a la carrera y en secreto. Y así salen luego las cosas…”.
