Grupo Municipal Socialista argumenta con datos las seis falsedades y medias verdades que la UPL ha trasladado a través de un texto de 200 palabras, publicado en sus redes sociales
El PSOE de San Andrés del Rabanedo desmonta todas las mentiras que el gobierno municipal de la UPL ha publicado, a través de sus redes sociales el pasado 29 de marzo, relativas a la tasa de basura y las juntas vecinales. Al menos seis falsedades y/o verdades a medias hemos detectado en un texto que no llega a las 200 palabras. Pasamos a desgranarlas:
En su publicación de Facebook, UPL expone que “el convenio de las Juntas Vecinales, ese que ahora PP, PSOE, VOX e Izquierda Unida ponen como condición para respaldar la tasa de basura…”. Parece que la UPL se da cuenta ahora de que la oposición le exige que haya un convenio, cuando desde diciembre de 2023, hace ya un año y cuatro meses, se le viene pidiendo. De hecho, en los 10 meses siguientes, hasta en 7 plenos y 20 comisiones informativas se ha preguntado por esta cuestión.
Sobre dicho convenio, en la publicación de los leonesistas también se dice que “se pudo redactar y aprobar en 2014, y en el 15, y en el 16, y en 2017, y en 2018, y en el 19 y en 2020 y en el 21 y en el 22… En todos estos años en los que gobernaron socialistas y populares, incluso, hubo momentos donde todas las juntas vecinales y el gobierno municipal eran del mismo color…”. Otra mentira de UPL que viene a demostrar el desconocimiento absoluto de este grupo político, porque en los últimos cuatro mandatos nunca se ha dado la situación que plantean, que es que tanto el gobierno municipal como todas las pedanías sean del mismo color político.
El post continúa diciendo que entonces no se hizo y “ahora, para PP, PSOE, VOX, la concejal no adscrita e IU este convenio urge muchísimo pero no hicieron nada cuando lo tuvieron todo a favor”. Sobre esta afirmación de UPL, el grupo socialista explica que la necesidad actual de que exista un convenio radica en que la aprobación de la nueva tasa de tratamiento de residuos va a suponer un aumento de impuestos a las entidades locales, por bienes que en la mayoría de los casos usa el propio Ayuntamiento.
