El Consejo de Gobierno ha conocido el informe sobre la incorporación de cláusulas sociales y la reserva de contratos relativo al año 2018, cuyo objetivo es analizar cuantitativa y cualitativamente la incorporación de aspectos sociales en la contratación pública realizada por la Junta de Castilla y León durante el pasado año. De dicho informe se desprende que los 225 centros especiales de empleo existentes contaban con un mínimo del 70 % de personas con discapacidad en sus plantillas, 5.650 trabajadores. Por otra parte, las 13 empresas de inserción empleaban a 233 trabajadores, de los que más del 50 % (126) eran personas en riesgo o situación de exclusión social. El importe de la contratación en Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción en 2018 ascendió a más de 5 millones de euros, lo que supone un 13,46 %, muy superior al 6,8 % fijado en el Acuerdo. Finalmente, entre septiembre de 2012 –año en el que se aprobaron las primeras directrices sobre reservas de contrato- y diciembre del pasado año, se han adjudicado contratos reservados por importe de 35,64 millones de euros, un 15,31 % del total de la contratación susceptible de ser reservada en ese período.
El objetivo de este informe es analizar cuantitativa y cualitativamente la incorporación de aspectos sociales en la contratación pública realizada por la Junta de Castilla y León en el año 2018. El análisis de esta información tiene como finalidad conocer el estado de aplicación del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, y detectar factores susceptibles de mejora en esta utilización estratégica de la contratación pública que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y avanzar en la cohesión social.
La información se agrupa en tres apartados: reservas de contratos, proyectos de inserción sociolaboral e incorporación de cláusulas sociales, y se analiza también la situación de los dos colectivos favorecidos por la aplicación del Acuerdo que son las personas con discapacidad y las personas en riesgo o situación de exclusión social.
En cuanto a las personas con discapacidad, en Castilla y León se contabilizan en la actualidad 225 centros especiales de empleo que han dado trabajo a 5.650 personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 3,44 % en el número de trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo respecto al año anterior. Por su parte, las empresas de inserción en Castilla y León son 13 y dan trabajo a 233 trabajadores de los que 126 son personas en riesgo o situación de exclusión social.
Durante 2018 se han adjudicado, mediante reserva de contrato a centros especiales de empleo y empresas de inserción, 5.018.180 euros, lo que representa un 13,46 % de la contratación adjudicada el ejercicio anterior susceptible de ser reservada, el doble del objetivo del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio. El importe de los contratos adjudicados en el periodo de vigencia de los Acuerdos de directrices vinculantes (2012-2018) respecto al importe de la contratación susceptible de ser reservada en ese periodo es del 15,31 %, ascendiendo su importe en todo este período a 35,64 millones de euros.
Una de las novedades para 2018 ha sido la realización de proyectos de inserción sociolaboral, que son actuaciones de fomento de la contratación de personas residentes en Castilla y León en situación o riesgo de exclusión social como son los beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, las víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad, en todos los casos, residentes en Castilla y León. El primero de los proyectos de inserción sociolaboral ha sido la obra de ampliación y reforma del Hospital de Soria, en cuyos pliegos figuraba la contratación de dos trabajadores a tiempo completo durante los 48 meses de duración de las obras u ocho trabajadores durante 12 meses, todos ellos en riesgo de exclusión y residentes en Castilla y León. Actualmente se está procediendo a la selección de los candidatos.
En cuanto a la aplicación de la incorporación de cláusulas sociales, de toda la contratación ordinaria realizada por el conjunto de las consejerías en 2018, se incorporaron cláusulas sociales en los pliegos de 1552 contratos cuyo importe asciende a más de 437 millones de euros, lo que representa el 74,65 % de la contratación realizada.
Actuaciones destacadas
A lo largo del pasado año, Castilla y Leon ha participado en diversas reuniones como miembro del “Foro de la Contratación Socialmente Responsable” y del nuevo Comité de Dirección del mismo, y se aprobó en el seno del Dialogo Social el Acuerdo por la calidad del empleo en la contratación de servicios por parte de la Junta, lo cual obliga a la Administración de la Comunidad de Castilla y León a incorporar en un nuevo Acuerdo de aspectos sociales, las medidas contractuales para que los pliegos de cláusulas administrativas particulares refuercen el carácter social de los contratos públicos, promoviendo la contratación de más personas con discapacidad de las que exige la legislación, el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o la protección de la salud laboral.
También se aprobó el Acuerdo en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con el compromiso de incorporar obligatoriamente cláusulas en los contratos que permitan avanzar en la eliminación de la brecha salarial, entre otras medidas. Y en abril de 2018 se realizó una Jornada bajo el título de ‘Oportunidades de responsabilidad social en la Ley de Contratos del Sector Público’, en la que se visualizaron las perspectivas de la nueva Ley y se vieron ejemplos de actuaciones realizadas por las administraciones para que sirvan de ejemplo para el resto de Entidades.
Finalmente, con objeto de extender al resto de las Administraciones Públicas de Castilla y Leon la facilidad de la incorporación de aspectos sociales en la contratación y facilitar así la incorporación al mercado laboral de los colectivos afectados, se firmó un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias que permitirá el impulso de la incorporación de aspectos sociales en el gasto público, mediante la realización de jornadas de formación específica del personal de las distintas administraciones, la difusión de las mejores prácticas, la puesta a disposición de las distintas Administraciones de modelos y Pliegos con las cláusulas sociales más convenientes según el tipo de contrato.
