Además, exige una explicación por marginar a esta actividad respecto a otras deportivas y de turismo activo y naturaleza. Para la Federación es un agravio comparativo con otras actividades que sí se han autorizado, tanto de forma individual como en grupo. Su exclusión no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha solicitado al Ministro de Sanidad que incluya la caza dentro de las actividades deportivas de ocio y naturaleza que se pueden practicar en la Fase I, y una explicación por marginar esta actividad frente a otras que sí se han permitido en la Orden SND/399/2020 publicada este sábado.
Desde la Federación se critica a Sanidad la incongruencia de autorizar, en el artículo 47, el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas y que no se permita la caza ni siquiera a título individual, cuando la actividad cinegética en primavera no supone ningún riesgo de contagio de COVID-19 al practicarse al aire libre y de forma individual.
Abrir la caza en la Fase I supondría aliviar los trámites administrativos actuales para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura, así como realizar un control más efectivo de las poblaciones. Su exclusión no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, está favoreciendo que se perpetúen los daños y los riesgos de accidentes y problemas sanitarios de la fauna.
Recordemos que la actividad cinegética genera 186.000 puestos de trabajo al año en el mundo rural y 6.500 millones de euros de PIB. “No reanudar la caza en la Fase I es negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza puedan restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación”, ha señalado el presidente de la RFEC, Ignacio Valle.
Si el Ministerio de Sanidad no modifica su posicionamiento ni ofrece una explicación convincente para todo el colectivo cinegético, los asesores jurídicos de la RFEC estudiarán la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
