El TSJCyL rebaja de un millón de euros a 86.305,36 la indemnización solicitada por la empresa que prestaba el servicio eléctrico
La compañía denunció al Ayuntamiento en 2012 al cortar de raíz el PP el contrato millonario que pagaba por el servicio eléctrico
La Justicia avala de nuevo las decisiones políticas tomadas por equipo de gobierno del Partido Popular cuándo gobernó en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo entre 2011 y 2015. Pese a que la gran mayoría de las decisiones acabaron en los juzgados, al final todas han sido favorables a quienes tomaron las decisiones con el único fin de encauzar el saneamiento del municipio que el PP recogió con una deuda de 78 millones de euros procedentes de dos décadas de gobierno socialista. Gracias a estas decisiones, hoy el Ayuntamiento comienza a ver la luz y su situación económica ha mejorado de forma ostensible.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rebajado de un millón de euros a 86.305,36 la indemnización que tendrá que pagar el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tras rescindir en el 2012 el contrato que tenía adjudicado con la empresa que se encargaba del servicio eléctrico y que denunció al Consistorio tras la decisión tomada por el PP que gobernaba entonces.
“Creemos que es el momento de afirmar con rotundidad que las decisiones duras, difíciles pero valientes que tomamos en el mandato de Goyo Chamorro, salvaron de la desaparición a San Andrés” , valoran desde el PP de San Andrés que añaden que “si entonces estábamos convencidos de lo que hacíamos, hoy estamos orgullosos y satisfechos porque se ha cumplido el objetivo, beneficiar a los ciudadanos”.
Este fallo llega tras el recurso de apelación contra el Auto 89/2019 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Leon en el que se fijaba la indemnización de un millón de euros a abonar por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a la mercantil en ejecución de la sentencia de ese mismo Juzgado de 28 de abril 2017. En el auto, los magistrados consideran que el informe pericial, en el que sea basado la petición de la indemnización, “no es convincente, no compartiendo la valoración realizada por el Juez de Instancia en tanto acoge el mismo en su integridad sobre la base de ser la única prueba pericial aportada en las actuaciones, y sin tener en cuenta ni valorar ciertos aspectos que esta Sala considera relevantes y de los que concluimos su falta de suficiencia para acreditar el daño reclamado”.
Según el fallo, “una pretensión indemnizatoria por valor de 1.087.254,12 euros, que representa un beneficio de más de 70% de los ingresos obtenidos a través de un contrato con la Administración, no puede basarse exclusivamente en la documentación de la parte actora, y en el informe elaborado por un perito designado a su instancia, sino que hubiera sido preciso que se aportara al Tribunal los conocimientos técnicos precisos para acreditar sin género de dudas el beneficio que ha dejado de percibir la empresa durante el tiempo en el que debió continuar con el contrato, y más en un supuesto como el presente en el que la empresa no tiene una documentación separada respecto del contrato litigioso, y se pretende un beneficio en cuantía desproporcionada al habitual y normativo en contratos como el litigioso.
Continuan los magistrados asegurando que “el informe pericial aportado se basa exclusivamente en la documentación que ha aportado la parte actora consistente en cuentas anuales, balances de sumas y gastos, extracto mayor de cuentas, facturas y recibos de gastos que no se detallan, echándose de menos que no se hayan examinado los documentos fiscales de la empresa tales como Impuesto de Sociedades, declaración de IVA, etc”.
Este fallo supondrá un ahorro de casi un millón de euros en el gasto que el Ayuntamiento de San Andrés había destinado para cumplir la sentencia. Una cantidad que ahora podrá destinarse a otras necesidades del tercer municipio de la provincia.
La resolución judicial de este contrato, del que sale muy airoso el Ayuntamiento de San Andrés junto con el de la empresa que gestionaba las piscinas, que hace un año también terminó con las pretensiones de la mercantil, dejan un balance más que positivo hacia la gestión que realizó el exalcalde Goyo Chamorro durante los años en los que gobernó. “Esta es una magnífica noticia para el Ayuntamiento de San Andrés que demuestra que lejos de las pretensiones de una empresa muy gravosa para los intereses municipales y por la que el PP sufrió todo tipo de denuncias y persecuciones, ahora queda demostrada la eficaz gestión que se realizó desde la Concejalía de Servicios”, explica el PP de San Andrés, que fue dirigida por la que hoy es la portavoz del PP en San Andrés, Noelia Alvarez.
