Asaja agotará la vía administrativa, y de no rectificar, presentará recurso contencioso administrativo y a la vez demandará al responsable de la resolución por prevaricación
El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León está resolviendo de manera denegatoria las ayudas solicitadas por los ganaderos debido a daños causados por el lobo u otra especies cinegéticas, en terrenos de caza gestionados por la Junta de Castilla y León (reservas de caza de Riaño, Mampodre y Ancares), cuando el titular de la explotación es una Titularidad Compartida regulada por la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Argumenta el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que ese tipo de explotaciones “no son ni personas físicas ni jurídicas”, y que por lo tanto no pueden ser beneficiarios, ya que la Orden FYM/288/2017 de la Junta que regula estas ayudas determina que los beneficiarios son personas físicas o jurídicas propietarias de ganado o cultivos.
ASAJA considera que los servicios jurídicos de la Delegación Territorial en León están interpretando la norma de una manera restrictiva con el ánimo de perjudicar al administrado, y que una orden promulgada en el año 2017 no puede contravenir una Ley de carácter horizontal sobre política agraria que data del año 2011, como es la que regula las titularidades compartidas.
La Junta, con esta interpretación, perjudica a los matrimonios y parejas de hecho que han constituido titularidades compartidas siguiendo las recomendaciones de todos los gobiernos, buscando con esta figura un factor de cambio en las estructuras agrarias de modo que las mujeres gocen de igualdad de derechos respecto a los hombres, suprimiendo barreras formales y sustantivas, así como “potenciar valores de las mujeres del mundo rural, tales como la confianza, la igualdad, la no discriminación, la visibilidad, y por tanto el desarrollo sostenible”.
ASAJA no entiende que, “buscando la Ley dar ventajas de tener un orden preferente a la obtención de beneficios, ayudas y demás medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas”, en la práctica lo que ocurra sea todo lo contrario, aprovechar esta figura para denegar ayudas.
