La organización lamenta las condiciones del alumbrado pese al alto coste que está suponiendo a las leonesas y leoneses.
Hace escasos días, la farola que fue derribada el pasado mes de octubre por un turismo en la calle Riosol —en la conocida glorieta del avión—, fue finalmente reparada por la empresa encargada de la iluminación de la ciudad tras una espera de más de cinco meses.
Carmen Franganillo, coordinadora local de León, explica que «la privatización del alumbrado de la ciudad, medida que ya se remonta a 2017 tras su aprobación bajo el gobierno del Partido Popular con el apoyo del PSOE y cuya excusa fue “el ahorro y el mayor cuidado del medio ambiente”, no ha generado más que problemas desde entonces.»
Así, continúa, «aunque, según el gobierno del PP por aquel entonces defendía un ahorro a largo plazo y un mayor cuidado del medio ambiente, la privatización y modificaciones en el alumbrado siguen (y seguirán) suponiendo un coste a largo plazo para las leonesas y leoneses, mientras que su funcionamiento no es en absoluto el esperado.» Y es que la empresa encargada del mantenimiento bajo la decisión del anterior gobierno muestra en su bases «mantener siempre en buen estado las condiciones lumínicas» de la ciudad y, en el caso en el que haya problemas, el arreglar los desperfectos lumínicos «con la mayor brevedad», indicando 48 horas como máximo si la luminaria es imprescindible y, si no, lo marcado por el propio ayuntamiento.
Erika Redruello, miembro de la dirección de la organización, defiende que «la tardía reposición de la farola —excusada por temas de seguros y otros temas legales— es solo una muestra más del mal funcionamiento de las luminarias que llevamos viviendo meses. Así, en los pasados meses del fin del otoño y comienzo del invierno, varias calles de la ciudad estuvieron prácticamente a oscuras durante semanas debido a los cambios de las bombillas, donde muchas estaban apagadas o no alumbraban lo suficiente, llegando a tener zonas a oscuras durante horas.»
Con motivo de estos incidentes, fueron varias las organizaciones de vecinas y vecinos que mostraron su descontento en el barrio de San Francisco, el Polígono 10 o Padre Isla, entre otros, recalcando la inseguridad que llegaba a generar la situación.
Además de todos los problemas que está generando, no hay que olvidar el ya mencionado gasto que está suponiendo, alcanzando los 21 millones de euros, una cifra desorbitada cuando «en absoluto está funcionando según lo prometido, teniendo en cuenta las condiciones contratadas, pues la empresa cobra de manera fija al mes, no por trabajo realizado.»
Para finalizar, explican que «desde Izquierda Unida, queremos, por un lado, instar al Ayuntamiento para que tome medidas para el correcto funcionamiento del alumbrado y, por otro, recalcar la defensa de los servicios públicos. En este caso, devolverle la gestión de este al propio ayuntamiento, que siempre tuvo que haber mantenido.»
