- El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, la diputada nacional Andrea Fernández y la secretaria de Memoria Histórica del PSOE de Castilla y León, Beatriz García, ponen en valor la necesidad de eliminar de vías y edificios públicos elementos que recuerden la Dictadura
- Apoyan, además, la reparación de mujeres, niños robados o exiliados, y las nuevas políticas educativas y de fomento a la investigación sobre esta época de la historia reciente de España
El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, la diputada nacional Andrea Fernández y la secretaria de Memoria Histórica del PSOE de Castilla y León, Beatriz García, han visitado hoy la Capilla Laica del Cementerio de León, donde han analizado la repercusión de la Ley de Memoria Democrática en la provincia.
El Proyecto de Ley, que ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, consta de 65 artículos, agrupados en cinco títulos, que se basan en el protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición. Para Javier Alfonso Cendón, “la nueva Ley de Memoria ampliará y mejorará la ley que en 2007 aprobó el Gobierno del Presidente Zapatero, haciendo más perfecta nuestra democracia, mediante la reparación de la memoria de todos y todas los que sufrieron la represión franquista en nuestro país”, y como apostilla Beatriz García, historiadora de profesión, “la base de toda recuperación de la memoria reside en el conocimiento de la verdad histórica, y esta Ley supone un hito en ese camino”.
Entre las nuevas medidas de apoyo a la investigación recogidas en la Ley destacan aquellas relacionadas con el acceso a cierta documentación producida entre 1936 y 1978 que hasta ahora estaba restringida, con la recopilación en el Centro Documental de la Memoria Histórica de nuevos documentos relevantes para la memoria democrática o con la progresiva digitalización de estos documentos para facilitar su consulta. Medidas todas ellas que permitirán la realización de nuevos análisis que completen y amplíen los conocimientos que ya tenemos sobre el conflicto bélico y el franquismo en la provincia gracias a los estudios llevados a cabo por las asociaciones memorialistas, la Universidad de León y otros investigadores en los pasados años. Según Beatriz García, “se llevarán a cabo grandes avances en lo que al censo de víctimas se refiere, y también al mapa de fosas ubicadas en la provincia, ya que en León aún quedan muchas por analizar”. Además, en este proyecto de Ley también se recoge que las labores de localización, exhumación de fosas comunes, así como la identificación de las víctimas a través de pruebas de ADN, serán financiadas por el Estado.
Por otro lado, gracias a estas nuevas investigaciones, se podrá aportar cifras más reales y no solo aproximaciones sobre el número de condenas y sanciones emitidas durante la guerra civil y la dictadura por los órganos de la justicia franquista –Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, Comisiones de Incautación de Bienes, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Consejos de Guerra– por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual. “Condenas que fueron dictadas contra miles de leoneses y leonesas y que con esta Ley serán declarados nulos, lo que dará derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal a la que podrán acceder las víctimas leonesas que lo deseen y se acrediten como tales”, afirma Cendón.
En el nuevo texto legal se incluyen «nuevas categorías de víctimas» que antes no se tenían suficientemente en cuenta a la hora de reparar los daños causados por la dictadura, como mujeres que sufrieron una represión específica cuyas motivaciones y formas estuvieron estrechamente relacionadas con su género o las niñas y niños robados y adoptados sin el consentimiento de sus progenitores. Además, se quiere reconocer y reparar a las víctimas obligadas a realizar trabajos forzados en esta época, así como a los exiliados, reconociéndose su derecho a solicitar la nacionalidad española.
Dentro del ámbito de reparación a las víctimas también se encuentra la eliminación de los símbolos que recuerdan a la Dictadura, sus dirigentes o la sublevación militar, entre los que se encuentras escudos, insignias, placas, objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, referencias en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, “una medida justificada, ya que la democracia española es incompatible con el recuerdo a un régimen dictatorial y a quienes lo pusieron en marcha y lo mantuvieron en el tiempo, además para fomentar la cohesión generacional en torno a los principios democráticos que se recogen en la Constitución”, apunta la diputada nacional Andrea Fernández.
En la provincia leonesa ya se está configurando un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, “pero aún queda trabajo por hacer”, explica el secretario general de los socialistas leoneses y diputado nacional. En cuanto a los callejeros con «denominaciones franquistas» se ha avanzado más, especialmente a partir de la iniciativa de la Dirección General para la Memoria Histórica y la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, en la que se que se instó a los ayuntamientos a que modificara el nombre de las calles que incumplen la Ley de Memoria, “y que en la provincia de León todavía son decenas”. Afirma Cendón. En palabras de Beatriz García, «los cambios en el callejero deben perseguir también un propósito pedagógico, explicando a la sociedad quiénes eran aquellas personas, lugares o hechos homenajeados con la designación de una calle, de tal forma que puedan conocer o repasar su historia y entender las razones por las que una Ley decreta la retirada de esos ensalzamientos públicos».
En relación con lo anterior, el nuevo texto legislativo también se propone difundir los resultados de las investigaciones a través de actividades museísticas, archivísticas, científicas, pedagógicas, para dar a conocer la historia reciente a los ciudadanos, incluyendo la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato; así como la inclusión de formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática en los planes de formación inicial.
Por otro lado, en el marco de los planes de formación continua de la Administración General del Estado, así como en las actividades formativas que integran los procesos de selección, se incorporarán contenidos específicos de capacitación y sensibilización relativos a la memoria democrática. “Con esta política educativa, se persigue fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, explica Javier Alfonso Cendón.
En este sentido, la secretaria de Memoria Historia del PSOE de Castilla y León declara que los socialistas confían y esperan «que a través de esta labor pedagógica y formativa que busca el respecto de los principios del Derecho Internacional como son los de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición; así como el fomento de los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, sea innecesario el Régimen sancionador que establece la Ley de Memoria Democrática ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la misma”.
