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- Las intenciones del Gobierno afectan a 4.983 hectáreas de León, una seria amenaza para la supervivencia de este cultivo y los sectores asociados en España para su transformación industrial. Además, la desaparición de estas masas arbóreas tendrá un grave impacto sobre el almacenamiento de carbono suponiendo la desaparición de 97.725 toneladas anuales.
El Partido Popular ha defendido en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que las plantaciones de chopo sean, como hasta ahora, permitidas en las zonas de ribera de la Cuenca Hidrográfica del Duero”, ha destacado el procurador popular de León Ricardo Gavilanes, quien además ha recordado que el Gobierno de España, a través de la CHD como organismo titular de la cuenca, debe contemplar “expresamente este uso en la revisión del Plan Hidrológico 2022-2027, sometido en la actualidad a información pública por parte en esta entidad”.
Los procuradores populares Ricardo Gavilanes, Smara Morala y Amparo Vidal mantenían ayer una reunión de trabajo con alcaldes, portavoces y concejales de los municipios y pedanías más afectadas, en la que les trasladaron la oposición del Partido Popular a las intenciones del Gobierno de imponer la práctica total prohibición de las plantaciones de chopos. Con la presentación de la Proposición No de Ley, el Grupo Parlamentario Popular recoge la preocupación y demandas manifestadas por diferentes asociaciones de propietarios, instituciones y empresas forestales. Una PNL que evidencia el valor de la populicultura y el sector forestal en Castilla y León, e insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de quien dependen todas las confederaciones a establecer un criterio común que permita las plantaciones de chopos en las zonas de ribera, es decir, en las zonas de dominio público hidráulico de todas las cuencas hidrográficas de España.
“Porque no es concebible que, en el momento en que nos encontramos, se dé la circunstancia de que existan confederaciones que permitan en las Zonas de Dominio Público Hidráulico el cultivo de chopos, como es el caso del Ebro, o incluso otras que lo fomenten, como Miño-Sil, mientras que en Castilla y León lo prohíba y limite sus posibilidades, precisamente en las zonas de cultivo de chopo más importantes de España”, ha insistido Gavilanes.
Los populares denuncian que el Gobierno de España pretende “poner trabas al desarrollo económico del medio rural de León enarbolando la bandera del falso ecologismo de moqueta que practica el PSOE y que tiene como antecedente reciente la injustificada prohibición de la caza del lobo al norte del Duero”. “El Ministerio y la CHD están maltratando a León –añadió el procurador- y se están extralimitando en el ejercicio de sus competencias, permitiendo unas especies arbóreas sí y otras no, en contra del criterio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, competente en la materia”.
Todos estos extremos han sido tratados en la reunión mantenida por los procuradores leoneses con alcaldes, portavoces municipales y miembros de las juntas vecinales afectados. “Les hemos trasladado el apoyo de los procuradores y del Gobierno autonómico para conseguir, tal y como se instaba en la PNL, que se reconsidere la postura de CHD en la redacción del artículo 34.2 del proyecto normativo del Plan, para no ocasionar graves daños en la economía y el empleo de Castilla y León y se permita, al igual que las Confederaciones del Ebro y del Miño-Sil, la plantación de choperas en dominio público hidráulico cartográfico, con una distancia de 5 metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas”.
El Partido Popular lleva meses apoyando la movilización de este sector, más si cabe tras la publicación del borrador de proyecto del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, que impide estas plantaciones. Esto supondría unas pérdidas económicas cuantificadas en casi 23 millones euros anuales en el tablero fabricado y valor de la madera para propietarios, empresas e industria asociada al chopo en la cuenca del Duero, así como la pérdida de 1.200 empleos en estas zonas (300 en León), además de los perjuicios ambientales y sociales que conlleva la ausencia de estas masas forestales.
Los afectados denuncian que esta decisión de la Confederación “no está basada en sólidos informes técnicos sino en una supuesta valoración a futuro de prevención de posibles riadas y otras. Este argumento no se sostiene al ser las choperas un uso del territorio perfectamente adaptado a los episodios de inundación y con un impacto positivo en los mismos, tal y como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus publicaciones”.
