Ecologistas en Acción Castilla y León ha celebrado el sábado 11 de mayo, en Carrizo de la Ribera (León) su Asamblea Federal para abordar los diversos problemas ambientales que afectan a todas las provincias de la comunidad autónoma.
Esta organización está formada por grupos que representan a las provincias de Castilla y León; compuesta por más de 700 socios y socias que trabajan voluntariamente en sus localidades para denunciar las injusticias contra el medioambiente y de índole social.
Como colectivo horizontal y asambleario tienen espacios periódicos de discusión abiertos a todas las socias y los socios. Cinco años después de la primera reunión en Carrizo de la Ribera en el año 2019, la asociación conservacionista regresa a este pueblo de León, amenazado por ser emparedado entre dos presas de alto impacto ambiental y social: dos pantanos que se llenarían mediante bombeo y que serían, además, inviables, como ya acreditó el estudio de viabilidad económica y social encargado por la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta información tan relevante ha sido ocultada durante la tramitación del III Ciclo del Plan Hidrológico de la cuenca y solo ha sido hecho pública tras la denuncia de Ecologistas en Acción ante el Portal de Transparencia del Defensor del Pueblo.
Grave impacto ambiental de los embalses de Carrizo de la Ribera
Según palabras de su portavoz David Acebes: “En la Ribera del Órbigo la gente está indignada ante la gestión del agua en la comarca por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los procedimientos de participación pública han sido una farsa encaminada a imponer los proyectos de construcción de las presas que confinarían el municipio de Carrizo”. Además, el portavoz de Ecologistas en Acción denuncia que “el llamado estudio de alternativas de la Confederación multiplica las infraestructuras a desarrollar hasta obtener 200 hectómetros cúbicos de reservas de agua del río Órbigo y afluentes, con sus graves impactos ambientales, sociales y económicos para la comarca”.
Acebes afirma que tanto el estudio de alternativas (con un coste de más de 500.000 euros) como el proyecto técnico de las presas (en redacción por 2 millones de euros) extralimitan el objetivo de la declaración de impacto ambiental en vigor. Concluye: “Ni las actuaciones, ni el gasto de la Confederación están legitimados con arreglo a la legislación, ni existe trazabilidad lógica que justifique las decisiones tomadas hasta ahora; siendo un ejercicio de arbitrariedad, desprecio a los pueblos afectados y afán regulatorio, rayano a lo delictivo.”
Más problemas ambientales en la comunidad
Otros temas importantes tratados en la asamblea han estado relacionados con la posición respecto a las macrogranjas, los aprovechamientos de agua, las plantas de biogás, las pistas de pádel y los monocultivos de fresas. Estas actividades tienen un alto potencial de contaminación y de riesgos para los ecosistemas si no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación. Además, hay explotación laboral en algunos casos. “Desde Ecologistas en Acción estamos atentas a esta clase de proyectos, pero instamos a la población en general a denunciar ante las administraciones competentes cualquier actuación que entiendan que afecta su entorno, a solicitar información al respecto y a continuar la lucha desde nuestra Federación”- afirma el colectivo.
