Las agresiones en las oficinas de empleo se incrementan un 56 por ciento en el último año. Las prisiones registraron más de 2.000 agresiones a funcionarios en los últimos 10 años.
Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público registran al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de empleo uno de los puntos calientes y son el único departamento que cuenta con un protocolo que contabiliza de manera sistemática estos casos. Según datos oficiales, a lo largo de 2015 se registraron 326 casos, un 56 por ciento más respecto a los 208 del año pasado
A esta cifra habría que añadir los casos que se producen en ámbitos como la Seguridad Social, Médicos evaluadores, la Inspección de Trabajo, las encuestas presencial del Instituto Nacional de Estadística o los examinadores de tráfico, que han generado al menos medio millar de agresiones y situaciones violentas a lo largo de 2015.
En el ámbito específico del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se observa como los incidentes (casos de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina) han ido en aumento desde 2012. Por provincias, las Direcciones Provinciales que han realizado más comunicaciones a lo largo del 2015 han sido Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona.
Estos datos solo reflejan una primera prueba del grave problema de inseguridad que viven a diario nuestros empleados públicos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen a la luz aunque, tal y como reconoce la Administración, el personal de las oficinas de prestaciones y empleo sufren a diario alguna situación de violencia.
Por otro lado, comprobamos que 3 de cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia. Destaca el caso concreto de Segovia que, pese a considerarse una oficina crítica (por falta de espacio, privacidad, etc) no cuenta con vigilante.
De las comunicaciones recibidas, el informe del SEPE muestra que un 76,6 por ciento de los trabajadores han sufrido agresiones verbales (insultos, amenazas, gritos), un 2,8 por ciento físicas (golpes en la mesa, arrojo de objetos), un 0,3 por ciento golpes al trabajador, un 3,7 por ciento agresión verbal y física (hacia el trabajador) y un 16,6 por ciento verbal y física (mobiliario).
Los datos muestran también que la mayoría de las agresiones van dirigidas a las mujeres (un 66 por ciento). Asimismo, en un 24,6 por ciento de los casos ha intervenido la empresa de seguridad, en un 10,5 por ciento las fuerzas de orden público y en un 18,8 por ciento, tanto la empresa de seguridad como los cuerpos de seguridad.
Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.
Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado directamente de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.
Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral, que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.
Estos fueron algunos de los motivos que originaron los incidentes.
Violencia en Instituciones Penitenciarias.
En lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, a lo largo de 2015, se han producido al menos 140 agresiones y en los últimos diez años, la cifra se eleva a más de 2.000.
La administración penitenciaria merece capítulo aparte por sus especiales características y el perfil de los internos con los que se relacionan a diario los funcionarios de prisiones.
En las prisiones de España tenemos los índices más altos de agresiones a Empleados Públicos de toda la Administración General del Estado, donde año tras año se incrementan sustancialmente sin que la Administración Penitenciaria ponga las medidas necesarias para reducir esta situación.
En el medio penitenciario, no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención, que es desde donde tenemos que abordar esta lacra, a lo que se suma las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta personal (la excesiva ratio de internos por módulo) y la ausencia de ofertas públicas de empleo.
En este sentido, reclamamos la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas. CSIF ha presentado esta reclamación a la Defensora del Pueblo.
Con el protocolo se pretende identificar las posibles conductas antisociales, así como la implantación de una metodología para análisis y registro de la violencia, y seguimiento de los casos, para finalizar con un diagnóstico de la situación y el aporte de las medidas de actuación.
El protocolo nos permitiría actuar sobre las variables que generan el incremento de la violencia que, para CSIF son fundamentalmente:
– La falta de personal. En la actualidad, hay 3.400 plazas vacantes entre bajas vegetativas (jubilaciones, defunciones, incapacidad o excedencia) y plazas no cubiertas por la práctica ausencia de oferta de empleo público. Y es que, entre 2011 y 2014, solo se han ofertado 174 plazas.
– La sobre ocupación. CSIF estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140 por ciento de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia. En la actualidad, la media de ocupación es de 150 internos por módulo (cuando el ideal serían en torno a 70) de los que se ocupa uno o dos funcionarios.
– El envejecimiento de la plantilla. El 38 por ciento de los funcionarios tienen más de 50 años y uno de cada tres está a punto de jubilarse.
– La falta de plantilla de Psiquiatría. En torno al 45 por ciento de la población reclusa tiene alguna patología psiquiátrica y pese a ello los centros carecen de personal de psiquiatría de carrera. Únicamente hay visitas de psiquiatras 2 o tres veces al mes.
– La falta de formación específica en determinados perfiles de presos, como los de carácter yihadista.
Por tanto, desde el departamento de Prevención de CSIF, exigimos a la Administración Penitenciaria que cumpla con la legislación vigente y garantice la seguridad y salud de los trabajadores penitenciarios, integrando en el protocolo que se nos quiere excluir, a los 23.222 trabajadores de la Administración Penitenciaria.
CONCLUSIONES GENERALES
Ante esta situación, reclamamos:
– Reforzar las plantillas.
– Que la violencia sea contemplada como un objeto de la acción preventiva, haya o no antecedentes de la misma, en el marco de un protocolo para el conjunto de las administraciones públicas, incluido Instituciones Penitenciarias.
– Una formación adecuada para la detección de las situaciones violentas, la protección y el manejo de conflictos.
– Incremento de las medidas de protección.
– Promover una campaña ciudadana que promueva la dignificación del trabajo del empleado público, el rechazo a la agresión y en definitiva una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los empleados públicos.
– Considerar al empleado de las administraciones como agente de la autoridad pública, tal y como sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal docente y el sanitario, con el fin de que el testimonio sea válido como prueba ante una agresión.
– Inclusión del personal de Instituciones Penitenciarias en el Protocolo de Agresiones.
– Incluir en el protocolo las agresiones internas (agresiones de compañeros de trabajo).
– Sensibilizar a los responsables de los centros de trabajo.
