La tramitación de esta norma que impulsa el Gobierno autonómico continúa su curso con el informe favorable del Consejo de Función Pública, reunido esta mañana, y la remisión del texto al Consejo Consultivo hoy mismo. Los siguientes pasos serán la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno y, seguidamente, su traslado a las Cortes de Castilla y León.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, informó en la reunión del Consejo de Gobierno del 18 de febrero sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Castilla y León es la primera comunidad autónoma que lleva a cabo una legislación específica sobre este tipo de situaciones.
El contenido de este anteproyecto ha sido negociado en el seno de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y puesto a disposición de todos los ciudadanos en el Portal de Gobierno Abierto para que realicen aportaciones desde el 23 de febrero al 3 de marzo. El texto sigue disponible en el apartado de participación, pese a haber finalizado el periodo para formular sugerencias.
La viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López, ha presidido hoy el Consejo de Función Pública que debe emitir informe sobre este anteproyecto de ley, como siguiente paso en la tramitación de este reglamento. El Consejo de Función Pública ha expresado su conformidad con dicho documento, con los votos a favor de la administración, la abstención de UGT y el voto en contra de CSIF y CCOO. El anteproyecto será remitido hoy mismo al Consejo Consultivo para ser sometido a informe. Finalmente, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno y a continuación se remitirá a las Cortes de Castilla y León.
Contenido del anteproyecto de ley
El objetivo de esta nueva ley es establecer las garantías para aquellos empleados públicos que informen sobre conductas irregulares. El anteproyecto establece que las informaciones recibidas se remitirán a la Inspección General de Servicios, que procederá a la apertura de una ‘Información reservada’ que tendrá carácter prioritario. En todo el proceso se omitirán los datos relativos a la identidad del informante y todo aquello que pudiera conducir a su identificación. Este órgano dispondrá de un plazo de dos meses -o seis meses como máximo si la complejidad del caso lo requiere- para investigar los datos.
La Inspección General de Servicios determinará si se trata de irregularidades administrativas, delitos, o si no hay ningún tipo de conducta reprobable. En el primer caso, la Administración continuará desarrollando su competencia mediante la propuesta y apertura de expediente sancionador, mientras que en el segundo procederá a remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal o autoridad Judicial.
En todos los casos en que la Inspección no detecte indicios de delito se dará traslado al Procurador del Común, como Comisionado de Transparencia del informe que se emita concluyendo la información reservada. Además, anualmente, se presentará un informe ante la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León sobre el número de informaciones remitidas y el órgano al que se le haya dado traslado de las mismas.
Protección al empleado público
Una de las principales medidas que incluye la ley es que en ningún caso podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar laboralmente a la persona informante. Esta protección será aplicable durante la sustanciación de las actuaciones y en el caso de que las informaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las anteriores garantías mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo. Excepcionalmente, se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios, que así lo justifiquen. El traslado es también una medida prevista para los casos acoso laboral en la Ley de Función Pública de Castilla y León.
Mediante este anteproyecto de Ley se trata también de impedir que se generen informaciones de las que se derive de forma manifiesta su falta de fundamento. Para este supuesto, el anteproyecto considera falta grave la presentación de este tipo de informaciones infundadas.
Independientemente de esta nueva regulación, el ordenamiento jurídico establece la obligación de toda autoridad o funcionario público, y de cualquier ciudadano, de poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos presuntamente constitutivos de delito que obren en su conocimiento.
