El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha rubricado hoy en las Cortes un acuerdo de Comunidad en materia de financiación autonómica con los grupos parlamentarios –Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos–, representados por sus respectivos portavoces: Carlos Fernández Carriedo, Luis Tudanca, Pablo Fernández y Luis Fuentes, y que también cuenta con el apoyo del Grupo Mixto. El documento compromete la defensa de 14 principios en la negociación que abra el Gobierno central para la reforma del sistema. Los firmantes parten de la convicción de que el futuro modelo debe garantizar suficientes recursos para la prestación de los servicios públicos fundamentales en condiciones de equidad y calidad.
El pacto sellado hoy tiene su origen en la oferta realizada por el presidente Herrera en su discurso de investidura el 2 de julio de 2015, cuando solicitó un esfuerzo de los grupos parlamentarios para fijar una posición de Comunidad ante la próxima revisión del sistema de financiación autonómica.
La propuesta del jefe del Ejecutivo partía de una premisa que ha sido compartida por todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes: la insuficiencia demostrada por el modelo vigente para cubrir el gasto de la prestación de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León, en condiciones de equidad y calidad.
Este diagnóstico común propició que la financiación autonómica se incluyera también como asunto para la búsqueda de consenso en otro acuerdo de Comunidad sobre cuatro materias, formalizado el 22 de julio entre el presidente de la Junta y los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios mayoritarios: Carlos Fernández Carriedo (Popular), Luis Tudanca (Socialista), Pablo Fernández (Podemos) y Luis Fuentes (Ciudadanos).
A partir de entonces, se constituyó un grupo de trabajo específico sobre la reforma del modelo, liderado por la Consejería de Economía y Hacienda e integrado por procuradores de los cinco grupos de la Cámara -se adhirió el Mixto-. Sus conclusiones, fruto del diálogo y la aportación de las partes, se han sustanciado en un documento que recoge los 14 criterios que deben inspirar la negociación de la financiación de las comunidades autónomas.
El texto subraya la necesidad de potenciar la suficiencia del sistema, de manera que garantice a las autonomías los recursos que precisen para financiar todos los servicios de su competencia, tanto en el presente como en el futuro.
El modelo debe asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales en niveles similares en todo el territorio, con independencia de la capacidad de las comunidades para generar fondos propios o de la evolución que experimente la recaudación en cada una. Se trata de reforzar el principio de nivelación para dar cumplimiento al principio de igualdad consagrado en la Constitución, evitando la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase en función de la atención que reciben.
Recursos adicionales para corregir el desfase de 500 millones
Estrechamente vinculado con los puntos anteriores, la Junta y los cinco grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de dotar al sistema de mayores recursos para corregir el déficit de financiación de los servicios. Al respecto, cabe recordar que en los últimos ejercicios el modelo nunca ha cubierto el coste de las tres competencias básicas que presta la Comunidad –Sanidad, Educación y Servicios Sociales–, llegándose a producir un desfase de cerca de 500 millones de euros entre lo que el Gobierno autonómico ha recibido del sistema y lo que ha destinado a financiarlas.
El diseño del modelo ha de partir de la definición de un catálogo de servicios común a todas las autonomías, cuya cobertura esté asegurada a través de los recursos que distribuye entre ellas. Además, las necesidades de financiación de las comunidades tienen que determinarse atendiendo a los gastos reales en los que incurren para garantizar el Estado del Bienestar a los ciudadanos. Este principio implica reconocer que la prestación de la asistencia sanitaria, educativa o social se encarece en Castilla y León como consecuencia de las características de su territorio o de su demografía.
Evaluación específica de los efectos de la aplicación de la Ley de Dependencia
Por este motivo, el acuerdo rubricado hoy precisa que el futuro modelo de financiación autonómica debe ponderar en mayor medida algunas variables como la superficie, la dispersión territorial, la baja densidad o el envejecimiento de la población –tal y como recoge el Estatuto de Autonomía– al calcular las necesidades de financiación en Sanidad, Educación o Servicios Sociales. En particular, merece una revisión la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, dada la insuficiencia crónica de financiación detectada para esta competencia.
Los efectos de la aplicación de la Ley de Dependencia requieren también una evaluación diferenciada, que tenga en cuenta criterios como el número de dependientes atendidos y potenciales, así como el grado de dependencia en términos de coste. En todo caso, el sistema debe proporcionar fondos suficientes para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la normativa estatal.
Mecanismos de solidaridas y respeto a la lealtad institucional
El documento hace hincapié en potenciar los mecanismos de solidaridad –sobre la base de una mayor dotación y criterios más justos de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial– y en velar por la plena efectividad del principio de lealtad institucional.
Este precepto debe impedir que cualquier decisión de la Administración central menoscabe la capacidad de las comunidades de hacer frente a la prestación de los servicios encomendados, bien sea porque vean reducidos sus ingresos o aumentados sus gastos. Incluso, se propone evaluar lo ocurrido en este sentido con efectos retroactivos. De la misma manera, las autonomías deben asumir la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que generen en el ejercicio de su propia capacidad normativa. Ninguna otra comunidad debe soportar las consecuencias y así tiene que garantizarse en el modelo.
Rechazo a cualquier negociación bilateral
Es necesaria una evaluación del impacto que puedan tener en las comunidades las reformas en materia de administración local por si disparan el gasto autonómico y, por lo tanto, las necesidades de financiación. Por último, el acuerdo rubricado esta mañana indica que el futuro modelo de financiación autonómica debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, por lo que rechaza cualquier negociación bilateral.
Una andadura iniciada en la pasada legislatura
La andadura en la búsqueda de una posición de Comunidad en torno a la reforma del sistema de financiación se inició en la legislatura pasada. Durante el Debate de Política General celebrado en el Parlamento autonómico los días 26 y 27 de junio de 2013, el presidente Herrera tendió la mano para el acuerdo a los grupos representados en el hemiciclo, que entonces eran el Popular, el Socialista y el Mixto.
En la segunda sesión del Pleno, las Cortes aprobaron una resolución por la que instaban a la Junta a enfocar la negociación del modelo a partir de un conjunto de premisas, que derivaron en septiembre de ese año en un principio de acuerdo materializado en un documento. Aquel texto ha servido de base al grupo de trabajo constituido en la presente legislatura, al que se han incorporado Podemos y Ciudadanos.
