El Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda, tiene inscritas 73.315 viviendas y edificios a fecha de 25 de julio, una cifra que se ha multiplicado casi por cinco desde 2013. Es en este año cuando entra en vigor el Real Decreto 235/2013, por el que se hace obligatorio disponer de esta etiqueta para alquilar o vender cualquier inmueble, un requisito que hasta entonces sólo era exigible para nuevas construcciones. Casi el 89 % de estas acreditaciones se corresponden con pisos, bloques y chalés, de los que siete de cada diez han obtenido una calificación energética D o E en emisiones de dióxido de carbono.
La certificación de eficiencia energética es un procedimiento oficial que califica energéticamente un inmueble calculando tanto el consumo anual de energía necesario para cubrir su demanda en condiciones normales de ocupación y funcionamiento, como las emisiones de dióxido de carbono asociadas. Su tramitación está regulada en el RD 235/2013 de 13 de abril.
La normativa precisa que el certificado debe incluir valores de referencia y requisitos mínimos con el fin de que los propietarios o arrendatarios de una vivienda puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. De esta forma, se avanza hacia el objetivo de la Unión Europea de conseguir edificios con un consumo energético casi nulo en 2020, recogido con carácter imperativo en la Directiva 2010/31/UE.
El Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Castilla y León empezó a funcionar en enero de 2012, cuando esta etiqueta sólo era obligatoria para nuevas construcciones, y en mayo de 2013 se modificó el procedimiento de inscripción para adaptarlo a los nuevos preceptos legales, modificando la aplicación informática CEREN para la tramitación telemática de los certificados, tanto para obras nuevas como para los relativos a edificios ya existentes, siendo posible su expedición, modificación, actualización, renovación y anulación por internet.
En 2012, sólo existían seis inmuebles en el Registro autonómico, una cifra muy baja que se explica tanto por el desconocimiento de la obligatoriedad de la inscripción de estos certificados como por el hecho de que este trámite sólo fuera obligatorio para la obra nueva en un ejercicio de crisis de la actividad inmobiliaria y de construcción.
El número de registros empieza a aumentar progresivamente en 2013, especialmente desde la publicación del RD 235/2013 a mediados de abril, y alcanza los 15.025. Al año siguiente se bate el récord de registros, con casi 27.975 nuevas entradas y 43.000 certificados a 31 de diciembre de 2014.
Las altas se han mantenido a buen ritmo durante 2015 (con más de 18.638 certificados incorporados) y esta tendencia continúa en los primeros meses de 2016, en los que el Registro está añadiendo una media de 1.600 etiquetas mensuales.
Certificados expedidos por provincias
De esta forma, se ha llegado a 73.315 certificaciones definitivas a finales de julio, de las que 4.191 se han emitido en la provincia de Ávila; 10.675 en Burgos; 13.803 en León; 4.873 en Palencia; 12.255 en Salamanca; 4.949 en Segovia; 2.153 en Soria; 16.929 en Valladolid y 3.391 en Zamora.
Las diferencias numéricas interprovinciales son coherentes con el padrón de habitantes de cada territorio y con la actividad económica predominante, aspectos que inciden en la construcción de viviendas nuevas, la rehabilitación de las existentes o una mayor tendencia al alquiler. Así, por ejemplo, el volumen de certificaciones de pisos es más elevado en provincias más pobladas o más turísticas, en aquellas con más presencia del sector servicios y en ciudades universitarias.
En cuanto a la tipología de edificios que cuentan con certificación definitiva, cabe destacar que casi el 89 % son viviendas (65.055 en total), ya sean bloque, individual en bloque, unifamiliar, unifamiliar aislada, adosada o pareada. El 11 % restante (8.260 inmuebles) son edificios de uso terciario, donde se incluyen locales, oficinas, hoteles y residencias y centros docentes y sanitarios, entre otros.
Una doble escala de calificación de la eficiencia
El certificado de eficiencia energética otorga una doble calificación energética a cada inmueble, que se mide en función de su consumo y de sus emisiones de dióxido de carbono a través de una escala que va de la A a la G, siendo A un indicador de máxima eficiencia (menor consumo y menores emisiones) y G, de mínima.
Si se atiende al uso residencial, más del 53 % de las viviendas certificadas han obtenido una calificación E, la más repetida; un 17,5 %, la D, que es el valor medio de la escala; en un 23 % de los casos, la etiqueta marca los peores resultados con F o G; y únicamente el 6,2 % de los edificios residenciales certificados acreditan la excelencia energética (A, B y C). Respecto a los de uso terciario, aproximadamente la mitad presentan una calificación E, F o G.
Estos datos demuestran el importante potencial que existe en materia de rehabilitación de inmuebles, para obras de reforma o incorporación de medidas que aumenten su eficiencia energética. La propia Administración autonómica está promoviendo la calificación energética de su patrimonio y ha certificado ya cerca de 700 edificios propiedad de la Junta.
El Registro de Certificaciones Energéticas de Castilla y León está gestionado por la Dirección General de Energía y Minas y el Ente Regional de la Energía (EREN). Sus técnicos informan sobre los certificados presentados y asisten a los usuarios en la utilización de la aplicación telemática. Son numerosas y constantes las consultas que se atienden diariamente, prueba de la cada vez mayor aceptación social de la certificación por parte de los usuarios.
Control independiente de los certificados
Otra de las funciones que tiene encomendada la Consejería de Economía y Hacienda es la de ejercer un control independiente de los certificados expedidos, donde debe comprobar la validez de los datos de base utilizados, verificar los resultados de cálculo de la calificación y la realización de visitas presenciales a los inmuebles y contrastar con mediciones la correspondencia entre los inmuebles y las características que constan en sus respectivas etiquetas.
Entre finales de 2014 y principios de 2016 se han realizado 2.609 controles sobre certificados inscritos en Registro, habiéndose obtenido un resultado conforme en el 88 % de los expedientes revisados.
