La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia que la Consejería de Sanidad “no sólo no ha aclarado las dudas que había sobre la inseguridad jurídica de los profesionales sanitarios”, en su Orden de desarrollo del Decreto de implantación de las Unidades de Gestión Clínica (UGC),“sino que ha incrementado esa incertidumbre y esa preocupación”. CSIF insta a la Junta a que paralice la puesta en marcha de las 15 unidades de gestión previstas, que ahora se retrasa para enero de 2017, y advierte de que “la falta de claridad del Decreto puede generar problemas en la gestión sanitaria de la Comunidad”.
Así lo cree el presidente autonómico del sector de Sanidad de CSIF, Juán-Carlos Gutiérrez-Rodilla, que afirma que “no podemos apoyar la nueva Orden de desarrollo del Decreto de creación de las Unidades de Gestión Clínica, que la Junta ha llevado a la Mesa Sectorial, porque no resuelve las dudas que ya trasladamos en su día, cuando rechazamos el Decreto”.
CSIF insiste en que el “la buena voluntad” de la Consejería de Sanidad no resuelve “la inseguridad jurídica en la que quedaremos los profesionales sanitarios, con la imposición de las UGC, con una Orden y un Decreto anterior que no generan confianza, que tienen muchas lagunas, y que además están sometidos a la reforma del Estatuto Marco del Gobierno, que es una norma de rango superior”.
CSIF sigue preguntándose qué va a pasar con los profesionales sanitarios que no quieran incorporarse en las Unidades de Gestión Clínica, ya que el Decreto lo considera una decisión voluntaria, y las condiciones de trabajo en las que quedarían.
Por otra parte, CSIF denuncia que la Administración regional tampoco concreta cuándo y cómo van a darse los incentivos económicos, para los profesionales que participen en las nuevas unidades de gestión. “Se habla de que será a más largo plazo, pero a estas alturas ya no nos fiamos de lo que diga la Consejería”, apunta el sindicato independiente.
CSIF también teme que se presione al personal interino, dada su precariedad laboral, para que acepte su incorporación a las Unidades de Gestión Clínica, o que también se produzcan cambios en las jefaturas de servicio y en los supervisores de enfermería, en favor de personas más proclives a “mantener una posición más dócil o más favorable, en la implantación de las nuevas unidades, sin valorar otras cuestiones profesionales”.En este sentido, CSIF reclama que se le informe sobre el porcentaje y grado de voluntariedad del personal que se incorpore a las unidades. Además, critica la creación de numerosos ‘puestos directivos’ en las unidades, con la intención de propiciar la incorporación voluntaria del personal.
CSIF alerta de que otros servicios (como laboratorio o radiología) “se pongan al servicio prioritario de las unidades de gestión, como se ha visto en alguna de las experiencias piloto que se han llevado a cabo ya, en prejuicio de otros servicios y de otros pacientes”. Por eso, se pregunta cómo se decidirá que un paciente se lleve a la unidad de gestión o al servicio normal, en caso de existir ambos, o qué criterios se van a considerar.
CSIF recuerdaque el Gobierno reformó el Estatuto Marco, que tiene un rango superior al Real Decreto que quiere aplicar la Junta de Castilla y León.Por ello, y por muchas alusiones que haga el Gobierno regional al apoyo y defensa de la sanidad pública, la modificación del Estatuto Marco deja abierta la posibilidad de que las Unidades de Gestión Clínica permitan, de hecho, una privatización de algunos servicios, y que el personal pase de su régimen estatutario de funcionario al de personal laboral.
