La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha presidido esta mañana en la sede de la Fundación Santa Bárbara, en la localidad leonesa de La Ribera de Folgoso, la constitución del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León para el periodo 2016-2020. En este órgano participan el Gobierno autonómico, a través de cinco consejerías; los seis partidos con representación parlamentaria; los agentes económicos y sociales; las instituciones provinciales de León y Palencia; el Consejo Comarcal de El Bierzo, y la Asociación Española de Municipios Mineros del Carbón (Acom).
El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, aprobado por amplia mayoría en las Cortes el pasado 8 de junio, prevé en su apartado cuarto –denominado Soporte Institucional Específico– la constitución de un Comité de Seguimiento con el objetivo de favorecer la coordinación y cooperación entre las instituciones implicadas en su ejecución.
Este órgano de interlocución se ha conformado hoy bajo la presidencia de la consejera Pilar del Olmo y en él están representados la Junta –a través de las consejerías de Economía y Hacienda; Empleo; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura y Ganadería, y Cultura y Turismo–; las seis fuerzas políticas presentes en las Cortes de Castilla y León –PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL–; la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale) y los sindicatos CCOO y UGT; Acom; las diputaciones provinciales de Palencia y León, y el Consejo Comarcal de El Bierzo. El plan también prevé instar al Gobierno central para que se incorpore.
El documento concreta que este Comité realizará un seguimiento de las actuaciones ejecutadas, pudiendo proponer nuevas medidas así como modificaciones en las inicialmente previstas, en función de las necesidades y oportunidades que pudieran plantearse.
En este sentido, se establece que el órgano de interlocución y coordinación de los agentes implicados en el Plan de Dinamización ha de convocarse periódicamente, en principio una vez por trimestre, y que la adopción de los acuerdos tiene que realizarse por consenso. Una de estas reuniones debe celebrarse en todo caso antes de la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de cada anualidad, con el objetivo de concretar las previsiones presupuestarias y determinar conforme a ellas qué medidas pueden desarrollarse en el ejercicio siguiente.
Por último, el documento precisa que se creará una figura unipersonal para supervisar con independencia y objetividad el desarrollo del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Para cumplir su cometido, podrá recibir propuestas y sugerencias y tendrá la potestad de convocar el Comité de Seguimiento.
La presidenta de Euracom vigilará la ejecución del Plan
Precisamente, uno de los primeros acuerdos adoptados por este órgano durante la sesión constituyente ha sido la designación de la presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras de Europa (Euracom), Ana Luisa Durán Fraguas, para ejercer esa función de vigilancia en el desarrollo del plan y de mediadora con los agentes colaboradores.
La consejera de Economía y Hacienda, de quien ha partido la propuesta refrendada por consenso del Comité, ha defendido que Durán Fraguas es la persona idónea para ocupar este puesto por su conocimiento de la problemática de la minería del carbón, de las posibilidades y potencialidades del territorio afectado, así como de las estructuras institucionales y administrativas implicadas.
Un documento con amplio apoyo
El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 fue avalado por los agentes económicos y sociales que integran el Foro para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras el pasado 20 de mayo, a través de la firma de un protocolo. Seis días después, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta y el 2 de junio se sumó la Asociación Española de Municipios Mineros del Carbón.
El documento fue debatido a continuación en sede parlamentaria donde, tras la incorporación de algunas enmiendas, fue ratificado el 7 de junio sin ningún voto en contra de los grupos. Su contenido ha sido fruto de un largo proceso muy participativo y ha concitado un amplio apoyo político, institucional y social.
