La reunión de la CRUE celebrada ayer en Santiago de Compostela también se ocupó de la prueba de acceso que sustituirá el próximo año a la Selectividad.
Los estudios de grado y de máster en España y la futura prueba de acceso a la universidad constituyeron los dos temas centrales que fueron tratados ayer por la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que se celebró en Santiago de Compostela, a la que acudió Juan Francisco García Marín en representación de la Universidad de León (ULE), y que concluyó con el acuerdo de solicitar al Ministerio de Educación la mayor agilidad posible para resolver estas cuestiones por la importancia que tienen en la gestión universitaria.
El Presidente de la CRUE, Segundo Píriz, dio a conocer al término de la asamblea que se ha alcanzado un preacuerdo con el ministerio por el que la mayoría de las carreras existentes en mapa de titulaciones se impartirán en cuatro años. Esta medida afectaría a todos los títulos ‘pre-Bolonia’, es decir, aquellos que existían antes de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Derecho, Biología, Física, etc), además de los grados de la rama biomédica (salvo aquellos con regulación propia, como Medicina o Veterinaria) y las ingenierías. Además las universidades podrían crear títulos nuevos de tres años de duración, tal y como permite el decreto 3+2, con un carácter más aplicado y dedicados a una modalidad formativa más rápida.
En cuanto a la prueba de acceso a la universidad que sustituirá a la selectividad, Segundo Píriz manifestó su deseo de trasladar un mensaje de “tranquilidad y certidumbre a los miles estudiantes, profesores y familias”, porque dijo estar convencido de pronto habrá una solución para clarificar el acceso a la universidad en el curso 2017-2018. De momento explicó que será el ministerio quien se encargará de su coordinación.
GARCÍA MARÍN VALORA DE FORMA POSITIVA LA ASAMBLEA
El rector de la ULE, Juan Francisco García Marín ha valorado de forma positiva la reunión, y en lo referido a la prueba de acceso ha explicado que “el acuerdo ha sido unánime por parte de todos los rectores en el sentido de que la prueba sea lo más similar posible a la selectividad, y lo más parecida entre todas las comunidades autónomas, para que permita que la movilidad de los alumnos se desarrolle con total normalidad”.
Todo parece indicar que la ‘reválida’ tendrá una puntuación de 0 a 10, y será cada comunidad autónoma la que realizará su examen de acuerdo a unos criterios generales para todo el territorio nacional. La discusión en este punto fue generada por el hecho de que el gobierno es partidario de que cada universidad regule a su modo el tramo que va de los 10 a los 14 puntos, lo que podría terminar con el llamado ‘distrito único’.
A este respecto, Segundo Píriz explicó que los rectores son partidarios de trabajar para evitar la desaparición del ‘distrito único’, por lo que será necesario un esfuerzo de coordinación para que por ejemplo, “un estudiante que se examine en Galicia pueda estudiar en la Autónoma de Madrid”. Para ello, se pedirá al Ministerio que regule hasta donde pueda y se trasladará a la sectorial de Estudiantes de la CRUE que trabaje en un sistema “lo más parecido posible” al actual respecto a la calificación del tramo de 10 a 14, que hasta ahora se realizaba mediante una fase específica que permitía sumar puntos (hasta 14) basándose en unas tablas de ponderación.
En cuanto a la posibilidad de que el preacuerdo sobre las titulaciones afecte a las que se imparten en la ULE, García Marín ha explicado que en ningún caso una titulación de cuatro años pasará a tres si no hay un acuerdo previo de la conferencia de decanos o directores de los centros de toda España que impartan esos estudios, acuerdo que además debería recibir después el visto bueno de la propia CRUE.
La CRUE fue constituida en 1994, está formada por 76 universidades españolas, y constituye el principal interlocutor de las universidades con el gobierno central. Además promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido productivo y social, así como las relaciones institucionales, a nivel nacional e internacional, al tiempo que trabaja para poner en valor a la universidad española en su conjunto.