El Consejo de Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas prioritarias en materia de desarrollo sostenible y cambio climático que afectan tanto al funcionamiento de la Administración como a las políticas públicas a desarrollar en el periodo 2016-2019. Entre ellas destacan la implantación de sistemas de gestión ambiental en al menos 40 edificios de Castilla y León, el ahorro de un 20 % en el consumo energético y el impulso a las redes de calor con biomasa forestal.
Como objetivos prioritarios, con la adopción de estas medidas, se persigue la lucha contra el cambio climático y la eficiencia en el uso de los recursos naturales, tal y como también han reconocido Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la Unión europea en el VII PMA (Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020), reforzando la visión que ya estaba presente en la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible y en la de Cambio Climático.
La movilidad y el transporte, el uso de la energía, la prevención de los residuos, la protección de la biodiversidad o el desarrollo de nuevas formas de producir y consumir más sostenibles, son los principales retos a afrontar en las sociedades avanzadas y también en la Comunidad de Castilla y León.
Así, mediante este acuerdo, la Junta de Castilla y León se compromete a profundizar en la revisión e impulso de los objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático, desde todas las áreas y políticas de la Administración General e Institucional de la Comunidad, con un enfoque de carácter transversal e integrador. El objetivo es desarrollar un conjunto de medidas prioritarias que contribuyan a la reactivación económica a partir de un modelo de economía inteligente, sostenible e integradora, es decir, de una economía eficiente en el uso de los recursos naturales y de la energía, que base su competitividad en la innovación y la sostenibilidad. La Junta pretende potenciar el papel de la Administración como impulsora de la sostenibilidad, para aumentar su eficiencia y para optimizar el efecto tractor que éstas pueden ejercer.
El acuerdo propone el despliegue de un conjunto de medidas para impulsar estos objetivos, tanto en lo que se refiere al propio funcionamiento de la Administración de la Comunidad, como en el enfoque de las diferentes políticas públicas.
Entre las medidas relativas al funcionamiento de la Administración destacan por ejemplo, la implantación de sistemas de gestión ambiental en al menos 40 edificios administrativos, la aplicación de criterios de compra verde/compra sostenible, la consecución en los edificios de la Administración de un 20% de ahorro energético o un 20% de abastecimiento de energía renovable en 4 años, la elaboración de planes de movilidad, o la formación de los empleados públicos en prácticas de sostenibilidad y ahorro de recursos y energía.
Entre las medidas relativas a la mejora de la sostenibilidad de las políticas públicas, el acuerdo compromete a revisar las ayudas y subvenciones públicas para reforzar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático, a apoyar la capacitación laboral para favorecer la adaptación de trabajadores y empresarios hacia una economía baja en carbono/economía circular, a fortalecer la actividad investigadora y de innovación en estos ámbitos, o a desarrollar redes de calefacción alimentadas mediante biomasa.
Este acuerdo refleja el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo sostenible y el cambio climático, que ha sido una constante en su acción de Gobierno, como ha quedado reflejado en el balance sobre el impulso y despliegue de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009/2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020, y la necesidad de continuar trabajando en la línea marcada en ambas Estrategias, pues los objetivos fundamentales de ésta siguen estando vigentes.
El balance de las Estrategias de Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático ha mostrado en general unos resultados positivos que se han materializado en ahorros significativos en el consumo de energía, en la mejora de la administración electrónica, en la gestión de residuos orientada al reciclaje o en la incorporación de criterios ambientales en las licitaciones públicas.
