La existencia de este sistema único de información supone un paso decisivo en la implantación del modelo de atención integral ‘Objetivo Violencia Cero’, ya que facilita un intercambio de información ágil, inmediato y eficaz entre los profesionales de los Servicios Sociales, de las corporaciones locales, Fiscalía y Justicia que permite prestar una atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género en función de sus necesidades.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, un órgano en el que se encuentran representadas varias consejerías de la Junta de Castilla y León -Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad-, la Federación Regional de Municipios y Provincias de la Comunidad, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, las universidades públicas de la Comunidad, CC.OO., UGT, CECALE, ASAJA y federaciones de asociaciones de mujeres de Castilla y León –ISMUR, CERES, FADEMUR, FAMECALE, Red Madre, Mujeres Progresistas, FEMUR Y AFAMMER-. En la reunión del Observatorio se han analizado los datos sobre violencia de género en Castilla y León y los avances en el desarrollo del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’.
En este sentido, Alicia García ha anunciado que Castilla y León ya tiene activo en las nueve provincias el ‘Sistema Único de Información Compartida’, que era uno de los grandes objetivos fijados en la implantación del modelo integral desde que se aprobaran sus directrices en septiembre de 2015, ya que supone un importante paso para reforzar la coordinación de actuaciones con el fin de garantizar la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas que dependan de ellas, mejorar la eficacia de la respuesta institucional y la optimización de los recursos de los ámbitos judicial y social.
De esta forma, todos los procedimientos y herramientas definidos en el modelo para la atención a víctimas se integran en un sistema de información compartido entre los profesionales que intervienen en la atención a la víctima. Justicia y Fiscalía acceden ya a los informes de valoración de la situación de violencia de género elaborados por los Servicios Sociales, a la historia social de las víctimas y a toda la información sobre recursos, ayudas y prestaciones existentes en Castilla y León y, junto a esto, comparten con los profesionales de los Servicios Sociales las resoluciones judiciales, especialmente la notificación de las órdenes de protección de las víctimas.
En este sistema de información, los profesionales cuentan con dos instrumentos. El primero de ellos es el Informe de violencia de género de la víctima, en el que se contemplan varios procesos. Una vez detectada la situación de violencia de género, se realiza en primer lugar un informe de valoración elaborado por el Coordinador de Caso apoyado, en caso de ser necesario, por los especialistas de los equipos multidisciplinares de segundo nivel. Su contenido se estructura en diversos apartados, que tratan de reflejar de forma integral toda la información relevante para una completa atención a la víctima: riesgo, situación familiar y jurídica, historia de violencia, información sobre la persona a la que se atribuye el maltrato, factores de protección, tipo de ayuda que acepta, necesidades de apoyo o inserción, proyecto vital y propuesta de intervención. Una vez elaborado y validado por el Coordinador de Caso, el informe de valoración de la situación de la violencia de género está a disposición de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia con la finalidad de que cuenten con la información social precisa que pueda facilitarles su función en la atención. Recoge todos los aspectos y factores necesarios para realizar una valoración de la situación de violencia de género que está viviendo una víctima.
En base a esta valoración se trazará el Plan de atención integral. Este Plan lo elabora el Coordinador de Caso, una vez realizada la valoración del riesgo y de la situación de violencia de género, y es acordado con la mujer. Recoge la propuesta de intervención con la mujer e incluye todas las prestaciones y las actuaciones de los servicios sociales con el fin último de lograr la autonomía y seguridad personal de cada víctima. En tercer lugar, a través de un informe de seguimiento, el Coordinador de Caso realiza revisiones del plan de atención integral y de la evolución de los objetivos marcados con la víctima, comprobando la adecuación de las actuaciones previstas con las circunstancias de cada momento de la persona y gestionando los cambios necesarios.
El segundo instrumento es la Historia social de la mujer, que recoge toda la información relativa a las valoraciones realizadas y a las prestaciones que han sido concedidas a la mujer víctima en su CEAS de referencia, como ayudas económicas, prestaciones y servicios varios en el ámbito de los Servicios Sociales, entre otras. La Historia social está a disposición de jueces y letrados de la Administración de Justicia, así como de los fiscales coordinadores de violencia de género.
Próximas actuaciones en la implantación del modelo integral de atención
Otro de los asuntos que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha avanzado en la reunión del Observatorio son las próximas actuaciones previstas en la implantación del modelo integral de atención a las mujeres víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’, que pasan por distintos procedimientos conjuntos y coordinados de actuación con distintas instituciones o entidades. En este sentido, está previsto coordinar con la Consejería de Sanidad un procedimiento de derivación a los Servicios Sociales de los casos de violencia de género detectados en su ámbito y permitir la conexión automática para el intercambio de la información que sea pertinente. También se contemplan, en este caso en coordinación con la Consejería de Educación, protocolos de actuación para detectar casos de violencia de género entre los estudiantes universitarios y no universitarios, además de trabajar en una estrategia conjunta de educación en igualdad con actuaciones como la revisión del currículo en todas las etapas educativas, formación al profesorado o acciones dirigidas a las AMPAS y familias.
Desde septiembre de este año se está trabajando en la evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades y de Prevención de la Violencia de género y, como ya se comprometió por parte de la Junta en esta legislatura, se elaborará en 2017 la Agenda para la Igualdad.
Con las entidades de mujeres del Tercer Sector, está previsto establecer un protocolo para la detección, derivación y atención a víctimas de violencia de género realizado por las entidades y establecer los procedimientos necesarios para unificar la información respecto a las víctimas de violencia de género. Junto a esto, se trabajará con la Delegación del Gobierno en Castilla y León y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinar las actuaciones de protección y atención a las víctimas y la coordinación entre las subdelegaciones del Gobierno y las gerencias territoriales de Servicios Sociales.
Además, en el marco del Diálogo Social, se consensuará un protocolo marco de actuación para la prevención y tratamiento de la violencia de género en las empresas y se avanzará en el proyecto de actuación contra la violencia de género que se ha iniciado entre la Junta, los medios de comunicación de la Comunidad, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y las asociaciones de la prensa de cada provincia.
Datos de violencia de género y de la Red de atención a víctimas
En lo que llevamos de año ha habido seis víctimas de violencia de género asesinadas en Castilla y León y tres menores huérfanas por violencia de género. En España han sido 39 las víctimas mortales.
Respecto a los datos de la Red de atención en Castilla y León a mujeres víctimas de violencia de género (de lo que se facilita adjunto un amplio dossier con los datos de todos los servicios) se pueden extraer algunas conclusiones:
Se incrementa ligeramente el número de mujeres atendidas en los servicios de información y asesoría jurídica y, en mayor medida, el de atendidas por el servicio de apoyo psicológico, en un 15 % (comparativa enero-septiembre de 2015 y 2016).
Se aprecia, también en la comparativa de los meses enero-septiembre de ambos años, un incremento en el número de llamadas a los servicios de atención telefónica de un 32 %, pasando de 6.577 llamadas en 2015 a 8.676 llamadas en 2016.
Con datos comparativos del primer semestre de los años 2015 y 2016, baja el número de denuncias, de 2.230 en este periodo de 2015 a las 2.179 en el mismo periodo de 2016. También aumentan las órdenes de protección concedidas en 2016 hasta las 507 frente a las 407 del 2015.
Es destacable el importante incremento en 2016 de mujeres perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía, más del doble que en 2015, pasando de 111 en todo el año 2015 frente a 260 entre enero y octubre de 2016.
Sensibilización y prevención
En lo referente al trabajo desarrollado en la implantación del modelo respecto a la sensibilización y prevención de la violencia machista, se ha trabajado en los ámbitos de empleo, medio rural y jóvenes con importantes avances. En el ámbito del empleo, apostando por la sensibilización y prevención de la violencia de género dentro de la empresa. En este sentido, el Programa ‘IO Empresas’ ha posibilitado que 165 empresas y entidades hayan adoptado medidas de igualdad y contra la violencia de género en 2016, lo que ha alcanzado a 9.612 trabajadores y trabajadoras; y 92 empresas y entidades de la Comunidad han implantado protocolos para la prevención de acoso sexual y por razón de sexo. También a través del Dialogo Social, se han aportado 600.000 euros en 2016 para la contratación de 23 agentes de igualdad. Junto a esto, la línea de subvenciones a entidades y empresas puesta en marcha en 2015 y convocada también en 2016 para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género ha propiciado desde su inicio 37 contrataciones y el programa ‘Mujer Empleo Castilla y León’, iniciado este año junto con la Fundación Santa María la Real, ha permitido ya la contratación de 26 mujeres víctimas de violencia de género.
En el ámbito del medio rural, se han desarrollado en total 454 actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia machista, lo que supone un incremento del 80 % con respecto al año 2015. En ellas han participado 7.000 personas y han sido desarrolladas por 15 entidades que llevan a cabo proyectos con incidencia en el medio rural. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades colabora con las asociaciones de mujeres rurales en la realización de proyectos de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia de género. Junto a esto, es destacable que se han contratado 16 agentes de igualdad en las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes.
Con respecto a los jóvenes, se han desarrollado un gran número de actuaciones, tanto en centros escolares como en universidades, en colaboración con entidades y asociaciones deportivas, asociaciones juveniles y en campamentos y centros de ocio. Se estima que las 587 actuaciones desarrolladas han llegado a más de 14.200 personas entre escolares, estudiantes universitarios, menores y jóvenes deportistas, árbitros y entrenadores. Además, se han utilizado las redes sociales con buenos resultados, ya que la campaña contra la violencia de género que se lanzó el año pasado con el hashtag #yodigocero tuvo un alcance directo de más de 1.300 usuarios, 2.500 mensajes y una repercusión total de 8,5 millones de impactos en todas las redes sociales.
